El mundo convirtió la riqueza natural en códigos digitales, y Colombia quiere que se pague por usarlos

Si un científico encuentra en el Amazonas peruano una planta que ayuda a rejuvenecer la piel, que además sólo existe allí, y una multinacional decide usar la secuencia genética de dicha planta para producir cremas, ungüentos o cualquier otro producto, entonces tendría que pagarle al país por hacer uso de dicho recurso genético. Sin embargo, dicha multinacional hoy no necesita que ningún investigador vaya a la selva. Basta con que sus desarrolladores de productos se sienten frente a una computadora, entren a una base de datos y descarguen la secuencias de recursos genéticos de dicha planta que ya está digitalizada. Por hacer eso no tendrían que pagarle nada a Perú, porque las bases de datos son gratuitas y en ellas se estima que hay más de 300 millones de secuencias disponibles. 

Esa es una de las grandes discusiones que hoy se están dando en la Cumbre de Biodiversidad (COP16) y que está siendo liderada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien desde el lunes preside la conferencia. La funcionaria señaló que lo que se busca es que los países, pero sobre todo las comunidades, tengan a recursos derivados del uso y aprovechamiento que se hace de esas secuencias genéticas digitalizadas de una manera justa. Es decir, si Colombia, Brasil o Perú como países megadiversos son los que más secuencias ofrecen pues en sus territorios hay miles de especies endémicas que solamente se pueden encontrar allí, entonces también deberían ser los que más recursos reciban.

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“Este es un tema un poco técnico y desconocido pero que tenemos que volver democrático porque ahí se basa mucho la economía del siglo XXI. Es material genético de animales y plantas que hoy se está secuenciando y se pone en bases de datos digitales y las empresas privadas que utilizan estos recursos genéticos ya no saben de dónde vienen, entonces no están pagando beneficios. Hoy nos reunimos con expertos para hablar de la realidad del uso de los materiales genéticos desde la perspectiva indpigena, ética, de la propiedad intelectual y cómo otros tratados ya han manejado este tema y hemos llegado a una conclusión: hay que regular mejor”, aseguró la funcionaria.

Esta propuesta no es nueva, pues ya había surgido en la COP15 que se realizó en las ciudades de Kunming (China) y Montreal (Canadá), donde se planteó la idea,que durante dos años se trabajó y ahora al llegar a la COP16 podría convertirse en un acuerdo global que genere un mecanismo multilateral, es decir un documento al que todos los 196 países que hacen parte de la conferencia deban suscribirse.

De acuerdo con la jefa del equipo negociador de Colombia en la COP, Jenny Bowie, hoy la discusión está muy avanzada y se espera que en Cali pueda salir una decisión histórica alrededor de este tema. Sin embargo, aún hay grandes debates sobre los cuales no se ha podido llegar a consensos. Por ejemplo: cuánto deben pagar los países o empresas que hagan uso de esos recursos genéticos; y quiénes deben pagar, porque hay Estados que consideran que deben ser solo las multinacionales las que deban estar sujetas al pago por el uso de dichas secuencias, y hay otros que consideran que empresas pequeñas y medianas de biotecnología deberían pagar también.

“Queremos adoptar este marco donde estas empresas se comprometan a empezar a aportar unos recursos financieros que a su vez van a ser distribuidos a unos países para que los utilicen en la implementación de la protección y la conservación de la biodiversidad. Los recursos dependen de lo que definamos de qué es lo que va a ser el mecanismo: no es lo mismo que paguen 100 empresas a que paguen mil. Y ahí está la discusión: algunos quieren que paguen las grandes empresas, otras las grandes y medianas e incluso hay voces que dicen que tienen que ser todas las empresas. Nosotros desde Colombia opinamos que tienen que ser las multinacionales las que aporten a estos mecanismos”, destaca Bowie.

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En esta discusión las grandes potencias de la biotecnología son las más interesadas en lo que resulte, pues son ellas las que aprovechan las secuencias genéticas para generar moléculas y posteriormente productos que surjan a partir de la biodiversidad. Según explican la doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, Martha Isabel Gómez y la estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma universidad, María Camila Rodríguez, un caso que ejemplifica perfectamente eso es el de la stevia.

La planta de stevia, originaria del Gran Chaco y cultivada desde tiempos ancestrales por los pueblos indígenas suramericanos, especialmente los guaraníes, quienes conocían desde hace mucho tiempo sus propiedades en medicina y farmacología. A fines del siglo XX se hizo famosa como edulcorante natural muy superior al azúcar y en la actualidad hay supuestas plantas derivadas de la stevia, así como nuevos procesos de producción que han sido patentados como edulcorantes en Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros países. Sin embargo, ni los pueblos nativos, ni sus países han recibido beneficios de estas patentes, de acuerdo con las investigadoras del Externado.

“Debido a la divergencia en las posiciones de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, muy probablemente habrá un enfrentamiento de poderes en esta conferencia. La tendencia de los países desarrollados es a no querer incluir la DSI en el reparto de beneficios a los proveedores de los recursos genéticos, que en su mayoría son países en desarrollo y comunidades Indígenas y locales”, señalaron las investigadoras.

Eso, según explica el profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos de la Universidad de los Andes, Andres González Barrios, se debe a que son esos países los que tienen hoy la capacidad técnica y tecnológica para aprovechar las secuencias genéticas disponibles. Es decir, no es sólo poder acceder a una base de datos y descargar la secuencia, es tener la capacidad de convertir ese montón de código digital en un producto tangible.

“Potencias en biotecnología como Estados Unidos y Corea tienen en este momento la capacidad de a partir de las secuencias desarrollar biofábricas o secuencias que puedan ser utilizadas a partir de ese ADN que se puedan usar en productos como cremas. No es tan fácil como encontrar una secuencia e ir a producir. Y eso es lo que nos diferencia de otros países y nos vuelve más vulnerables, porque esos grandes países pueden sacarle mayor beneficio”, resalta González.

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La discusión que se realiza en Colombia tenía desde su inicio un problema que el país parece haber resuelto. Y es que hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con secuencias genéticas materiales y digitales se discute a través del Protocolo de Nagoya, un acuerdo que si bien Colombia ayudó a crear, hoy no está dentro de nuestra legislación porque el Congreso no lo ha ratificado. Ante eso, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que la negociación se haría por fuera del Protocolo de Nagoya y dentro de las negociaciones centrales de la Cumbre a través de un mecanismo financiero. Esto, porque como no hemos ratificado Nagoya, no podemos entrar a votar o discutir temas allí.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros