Defensa de Nicolás Petro negó veracidad de chats de Fiscalía: pide acreditar que número no era del procesado

De manera virtual, continuó este miércoles 23 de abril la audiencia preparatoria de juicio oral contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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En la jornada anterior, cuando se cumplía la segunda diligencia consecutiva de abril, la defensa anunció evidencias en el proceso que le permitirían demostrar que no hubo lavado de activos con empresas y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

De igual manera, el abogado Alejandro Carranza le pidió al juez Hugo Carbonó autorizar en juicio los dictámenes del análisis psicológico de Daysuris Vásquez, tras denuncias contra el exdiputado, así como el análisis financiero y sobre la sociedad conyugal entre Petro Burgos y Vásquez Castro.

Pues bien, en la actual jornada, la defensa pidió aducir a juicio la respuesta de Tigo Colombia para posiblemente acreditar que un número de teléfono no era del procesado.

“Hubo mensajes que desde allí se enviaron a nombre de él, pero no era él. Esto revelará quién es la persona que estaba usando esa sim card, a nombre de quién estaba, quién la solicitó, cuándo volvió y la solicitó después de que el teléfono había salido de uso. Se podrá debatir quién se estaba haciendo pasar por Nicolás Petro con informaciones relevantes, directas y concernientes al manejo de recursos”, dijo.

Uno de los temas en los que ha hecho énfasis el defensor en estos últimos días ha sido el “sesgo institucional” de la Fiscalía en este proceso. Por ello, ha denunciado presuntas irregularidades y, a las pruebas que presentó con anterioridad al respecto, este miércoles sumó una nueva contra el Grupo de Tareas Especiales del ente acusador.

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“Las arbitrariedades, en el entendimiento de este defensor, cometidas al momento de la conformación de ese Grupo de Tareas Especiales. Queremos colocar públicamente en la audiencia el análisis para que se establezca si efectivamente aquí se trataba de un fenómeno criminológico, de un fenómeno delictivo trasnacional, de macrocriminalidad, de un grupo delincuencial organizado, de una estructura delictiva tan compleja que requería la conformación de un Grupo de Tareas Especiales. Vamos a revisar si los funcionarios de la Fiscalía que solicitaron a la fiscal general la conformación de ese grupo tenían la competencia para hacerlo”, manifestó Carranza.

En esa teoría de la defensa sobre el “sesgo institucional”, solicitó incluir oficios de ocho folios para, según indicó Carranza, documentar la ausencia de participación efectiva de la defensa en decisiones tempranas, “impugnar irregularidades”, cuestionar técnicas investigativas de la Fiscalía, al momento de garantizar el derecho a la defensa de Nicolás Petro.

De igual manera, volvió a cuestionar el principio de oportunidad de la entidad con el procesado, calificándola como un “fracaso”, toda vez que las declaraciones “no las dio por confesar” o “por autoincriminarse”.

“Es pertinente, porque la defensa ha dicho que este acto no puede ser usado contra el proceso, pero observamos que la Fiscalía le solicitó que se ingresara a juicio esas declaraciones, y así valorar la ilicitud de pruebas derivadas de un principio de oportunidad fallido”, señaló Carranza.

Asimismo, pidió incluir 10 folios con declaraciones de Blanca Gutiérrez, en ese entonces amiga de Daysuris Vásquez, para demostrar que “no hubo objetividad ni respeto en la investigación”.

“A pesar de que Blanca Gutiérrez asistirá como testigo citada por la Fiscalía, también la va a pedir la defensa, es muy importante que se pueda evaluar si la Fiscalía alguna vez tuvo conocimiento de quién tenía ese Mercedes Benz, por qué se tenía ese vehículo y quién terminó con ese vehículo, por presiones, solicitudes o cuestionamientos de quién se hizo ese traslado del Mercedes Benz”, dijo.

Con esto, la defensa busca corroborar que “es improbable” que Nicolás Petro hubiera generado enriquecimiento ilícito como servidor público y lavado de activos.

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Hay que recordar que el año pasado se conoció que el Mercedes Benz que terminó a nombre de la ciudadana Blanca Gutiérrez, posteriormente pasó a nombre de Daysuris Vásquez, esto último, presuntamente, por presiones de la Fiscalía, tras declaraciones que rindió Gutiérrez al investigador del CTI, Víctor Forero.

De hecho, en la audiencia de este martes, el abogado del exdiputado del Atlántico pidió incorporar un dictamen que daría cuenta de la extracción forense de los chats cruzados entre Blanca Isabel Gutiérrez, el exfiscal del caso, Mario Burgos, y el investigador.

En el avance de la audiencia, la defensa de Nicolás Petro volvió a tocar el tema de financiamiento electoral. En ese caso mencionó al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para demostrar de cara al juicio que no existieron fondos paralelos.

“La defensa solicita su incorporación como manifestación relevante, para el contexto de financiamiento electoral, puesto que Ricardo Roa era el gerente de la campaña electoral Petro Presidente, y para demostrar la existencia de una estructura de istración financiera regular, auditada, objetiva y juiciosa por parte del doctor Roa. Lo cual contradice la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de fondos paralelos o una gestión patrimonial irregular, o una participación de Nicolás Petro en la búsqueda de supuestos activos ilícitos o bienes ilícitos”, expresó Carranza.

El abogado Alejandro Carranza solicitó incorporar al juicio las declaraciones de Samuel Santander Lopesierra, Gabriel Hilsaca y Máximo Noriega sobre entrega de recursos a Petro Burgos.

“La declaración previa rendida por el señor Lopesierra resulta relevante, porque no solamente la dio a la Fiscalía General de la Nación, la dio a la Procuraduría. La Fiscalía sabe que el señor Santander Lopesierra negó haber entregado cualquier recurso a Nicolás Petro, negó haberle dado plata para la campaña, negó haber participado en cualquier clase de financiación, negó haber entregado recursos provenientes de actividades ilícitas. Lo hizo en declaraciones juradas ante el señor Víctor Forero y Juan Camilo. Lo hizo en la Procuraduría General bajo la gravedad de juramento”, sostuvo la defensa.

Carranza cuestionó que la Fiscalía “conocía las declaraciones juradas” y, pese a ello, “continuó con una acusación sencillamente basados en inferencias y no en evidencias”.

Con respecto a la versión entregada por el dirigente político Máximo Noriega, el defensor señaló que este ratificó la falsedad de los señalamientos sobre vínculos financieros con el hijo del presidente Petro, negó haber intermediado aportes a la campaña con el procesado y desmintió haber recibido dineros de terceras personas con actividades o fuentes ilícitas.

“Servir como insumo técnico para dictámenes que se han pedido por parte de la defensa y análisis forense de otros testigos que hacen referencia a la supuesta actividad del doctor Noriega y el manejo de recursos o dineros supuestamente ilícitos. Por eso se pide que se pueda permitir la incorporación, porque servirá para demostrar el sesgo institucional”, añadió.

Después del receso de mediodía y, tras confirmar la presencia de todas las partes, el juzgado anunció la suspensión de la audiencia preparatoria por la muerte "hace contados minutos" de un familiar cercano al juez Hugo Carbonó.

En ese sentido, la audiencia se reprogramó para los días 19, 20, 21 y 22 de mayo de 2025, a partir de las 8:30 de la mañana, de manera presencial en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla