Corte Suprema frena en seco a narcos que quieren colarse en la 'paz total'

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Así lo dijo al estudiar el caso de Harold Antonio Ayala Pinedo, un ciudadano colombiano que es solicitado en extradición por Estados Unidos por concierto para delinquir y lavar activos de actividades de narcotráficos.

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En el proceso, justo un día después de que se ordenaran la recolección de varias pruebas, Ayala usó a un tercero que presentó una solicitud de sometimiento firmada supuestamente por el cabecilla de ‘Los Ratrojos Costeños’, con la finalidad de ser nombrado “gestor de paz” e intermediario entre esa organización y el Gobierno en la llamada paz total.

En decisión conocida por EL TIEMPO, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no solo advirtió que no permitirá abusos de esta figura, sino que advirtió que esta no puede, en todo caso, frenar la extradición. Lo anterior, porque la única que puede evitarlo, es la garantía de no extradición que opera para los desmovilizados que se acogieron a la paz.

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“De todas maneras, la que suspendería la extradición no es el mero hecho de autodenominarse “gestor de paz”, sino la circunstancia de encontrarse incluido dentro de los listados entregados por las extintas Farc al Gobierno Nacional, y haber suscrito acta de compromiso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que implicaría que aquella Jurisdicción deba valorar previamente si sobre el requerido se configura la garantía de no extradición, que prevé el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017”, dice la decisión.

De otro lado, la Corte analizó toda la documentación y dictó concepto favorable para la extradición de Ayala, quien, según su defensa es "Presidente y Vocal Principal de la Fundación Mejores Días para Colombia”.

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Ayala Pinedo es requerido por la Corte del Distrito de Massachusetts por la acusación No. 22cr10060 por realizar labores de lavado de activos usado el ‘Mercado Negro de Cambio de Pesos de Colombia' (BMPE por sus siglas en inglés), uno de los métodos más usados por los narcos para lavar sus ganancias.

Según el expediente, desde octubre de 2016 hasta por lo menos marzo de 2022, o alrededor de esas fechas, Ayala y sus asociados aceptaron contratos para programar que las ganancias del narcotráfico fueran recolectadas y transferidas, a través de una serie de recolecciones (dentro y fuera de los Estados Unidos) y transferencias electrónicas de fondos, a proveedores de drogas en Colombia, Sudamérica.

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“Se programaron transferencias nacionales e internacionales de cantidades considerables de efectivo a granel, el cual ellos sabían que eran las ganancias de una actividad ilegal, a través de transferencias electrónicas y recolecciones de dinero en los Estados Unidos, Jamaica, España, Belice, la República Dominicana, Canadá y otros lugares”, dice el dosier.

Cada recolección de dinero implicó la entrega física de ganancias de la venta de drogas en efectivo a granel de una persona a un agente encubierto del orden público o a una fuente confidencial de Estados Unidos.

En las labores se usaron contraseñas verbales y números de serie de billetes de un dólar para confirmar las identidades antes y durante las recolecciones de dinero y se convirtió el dinero a dólares estadounidenses.

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Ayala es solicitado por un cargo de concierto para llevar a cabo lavado de dinero, otros dos de lavado de instrumentos monetarios, que se involucran a más de 14 personas. En concreto, se detallan tres transferencias del 13, 20 y 21 de mayo de 2020.

Una por 164 mil dólares, potra por 95.500 dólares y otra por 68.551 dólares, realizadas desde Massachusetts a una cuenta bancaria en Colombia. Según Estados Unidos, Ayala “es el propietario de una compañía en Colombia” y “aceptaba transferencias de ganancias de la venta de drogas a cuentas bancarias que él controlaba y creaba facturas falsas para ocultar y disimular la verdadera índole de esos fondos”.

@JusticiaET