Las islas ocupadas que le pertenecen a la Nación y por las que nadie nunca ha pagado arriendo

En el archipiélago de San Bernardo, una paradisiaca conformación de diez islas que están bajo la jurisdicción del Distrito de Cartagena, se encuentran numerosos hoteles, hospedajes y negocios que generan dividendos con el turismo local e internacional sin que paguen un sólo peso de arriendo por el uso de los baldíos reservados de la Nación. 

Eso revela un informe de la Contraloría General de la República, conocido por El TIEMPO, en el que se advierte que en los 357 predios baldíos que conforman dicho archipiélago, y que están bajo la istración de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, nadie paga canon de arriendo, pues en 346 predios nunca han existido contratos y ellos representan el 97% del total de los mismos. En otros 11 hubo contratos que hoy están vencidos.   

Los baldíos reservados son tierras que le pertenecen a la Nación y que el Estado conserva, considerándolas inadjudicables. Las islas, islotes y cayos de los mares del país así se consideran. Aunque los ojos públicos han estado puestos sobre los cánones de arriendos irrisorios que se han cobrado en los predios de las Islas del Rosario de Cartagena, en las islas de San Bernardo, ubicadas en el Golfo de Morrosquillo y próximas a las costas del Caribe en el departamento de Sucre, el 97% de sus ocupantes nunca han pagado arriendo.

La auditoría del ente de control advierte que 139 de los predios que nunca han pagado corresponden a Santa Cruz del Islote, considerada la isla más densamente poblada del mundo con un 100% de comunidad nativa. Pero los otros están en Isla Múcura, Isla Tintipán, Isla Fuerte e Isla Palma, reconocidas por sus exclusivos hoteles y planes turísticos.  

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El informe tomó una muestra de hoteles y negocios que actualmente funcionan en el archipiélago y que nunca han pagado arriendo sencillamente porque nunca se ha firmado contrato con ellos. En dicho listado se encuentran:

La Contraloría señala en esta auditoría recién publicada, pero realizada sobre la gestión de la Agencia Nacional de Tierras ANT entre 2021 y 2023, que "los predios no tienen contratos y sus actuales ocupantes no pagan arriendo por el uso y goce de los mismos, sin que la ANT haya adelantado gestiones encaminadas a adelantar procesos contractuales para celebrar contratos enfocados a autorizar su aprovechamiento y regular su ocupación (...) ni tomado otras medidas de tipo istrativo o judicial, con el fin de recuperar los Bienes".

Esta situación, dice el organismo, conlleva a un posible detrimento patrimonial en una cuantía por determinar por el turismo y el comercio de "alto impacto" que se evidencia en la zona sin que el Estado reciba contraprestación alguna. 

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Aunque la ANT señala que no todos los baldíos reservados de la Nación deben tener "una vocación intrínseca para ser explotados", la Contraloría de Carlos Hernán Rodríguez encontró otra cosa: "se verificó que en la mayor parte de los predios se encuentra una infraestructura para el desarrollo de una actividad hotelera y turística, la cual están desarrollando actualmente y en menor proporción otros para vivienda vacacional de sus ocupantes, lo cual significa que contrario a lo manifestado por la ANT si tienen una vocación intrínseca para ser explotados y arrendados".

El informe también revela que otros 11 predios del archipiélago tuvieron contratos suscritos entre 2008 y 2009, que se vencieron, y que actualmente no pagan y adeudan $684.010.798. La mayor cartera la debe el establecimiento Isla Roots o Isla Arca, ubicada en Tintipán, con un saldo de $455.088.528. Seguido de Baja Mar, en Isla Boquerón, con una deuda de 47 millones. 

La Agencia de Tierras le explicó a la Contraloría que no puede celebrar contratos con gente que debe, pero la entidad le responde que tampoco ha adelantado gestiones para recuperar dichos predios, que representan un hallazgo con incidencia fiscal por el mencionado valor. 

El director de la ANT Juan Felipe Harman le indicó a EL TIEMPO que "hay un vacío enorme" con relación a los predios del archipiélago de San Bernardo pues no estarían claras las competencias de la entidad al respecto. Sobre el tema han dialogado con la Dimar y con el Ministerio de Medio Ambiente. 

"El ente de control no tiene en cuenta la situación particular que se ha presentado en el Archipiélago de San Bernardo, ya que el extinto INCODER nunca realizó una entrega organizada en la que se identificara los predios", le respondió la entidad a la Contraloría.

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Encontraron, además, que en el levantamiento de siete de las diez islas de San Bernardo, realizado en 2018, se incluyeron "áreas que no son de competencia de la ANT" como zonas de competencia de parques naturales, zonas de playa y bajamar o rondas hídricas y máximas crecientes de las ciénagas. "Lo anterior, impide la plena identificación de los predios que conforman las Islas del Archipiélago de San Bernardo", dijo la ANT.

Para la Contraloría, estas respuestas que no propiamente dio la istración de Harman, revelan una falta de gestión de la Agencia para regularizar los predios. 

En el informe revelado por este diario también se hace hincapié en que algunos predios de Isla Fuerte están a la venta, cuando es imposible que se vendan por su carácter de baldíos, y también se dice que la ANT se percató sólo hasta el año 2021 de que debían asumir el control sobre dicha isla.

El documento de la Contraloría también advierte que de los 151 predios baldíos en las Islas del Rosario de Cartagena, actualmente sólo 52 tienen contrato y 99 no tienen. De los que no tienen contrato, y por tanto actualmente no pagan, 48 son contratos vencidos, 20 nunca han firmado y los otros 31 son gestionados por el consejo comunitario de la comunidad Orika.

En estas islas que han sido ocupadas y usufructuadas por actores, empresarios e incluso políticos, que han pagado cánones de arriendo de entre 90 mil pesos y un millón, la ANT ya realizó un avalúo y abrirá una convocatoria próximamente para democratizar el goce de las mismas. 

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]