¿Más poderes para el Presidente de la República? / Análisis

En momentos en los que desde varios sectores se advierte sobre los riesgos de los excesos del poder y del ‘garrote’ presidencial manifestados a través de actuaciones de las superintendencias –cuyos titulares le responden directamente al jefe de Estado–, ha aparecido en el Congreso un llamativo proyecto que plantea darle una superfacultad adicional al Presidente de la República: la de conceder, ni más ni menos, perdones judiciales en algunos casos relacionados con el conflicto e, incluso, con la corrupción.

Según se dice, es un proyecto de “autoría ciudadana”. Su principal promotor es Luis Fernando Rosas, un curtido político que fue funcionario en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro y es muy cercano al suspendido canciller, Álvaro Leyva. De hecho, Leyva, a través del Decreto 2559 del 19 de diciembre de 2022, nombró a Claudia Patricia Velásquez Orozco, la esposa de Rosas, como segundo secretario en la Embajada de Colombia en Panamá.

Se trata de una nueva versión de esos proyectos de dudosa ortografía jurídica, como el que planteaba pedirle a la ONU una comisión internacional para combatir la corrupción, que aunque suelen ser públicamente negados por el Gobierno, constantemente pelechan en entornos muy cercanos al Ejecutivo. El que nos ocupa acude al objetivo de la ‘paz total’ para proponer, entre otras cosas, que el Presidente tenga facultades para anular “condenas y sanciones judiciales” y decretar “el archivo de las investigaciones en curso, así como el restablecimiento de los derechos políticos”. También, corregir la plana por lo que llama “errores jurisdiccionales” o producto de “la instrumentalización de la justicia politizada”.

Habrá que esperar quién en la bancada oficialista o en el gabinete se anima a prohijar este atavismo jurídico que, se dirá, existe en otras democracias, pero cuyo ejercicio siempre ha estado rodeado de enorme debate, como que constituye una injerencia de fondo del Ejecutivo en decisiones que deben ser del resorte exclusivo de los jueces y las cortes.

En el país se han aplicado, en aras de los procesos de paz de las últimas décadas, miles de indultos y amnistías. Pero la aparición de la Corte Penal Internacional, a la que Colombia ratificó adhesión desde comienzos de este siglo, enterró para siempre esos borrones de la historia, como los que en su momento beneficiaron a los del M-19 y otras guerrillas y en los que los victimarios no entregaban al menos un mínimo de verdad, justicia y reparación para sus miles de víctimas.

En la fila de otras propuestas exóticas como la de la constituyente por cabildos populares y el supertribunal de cierre para hechos del conflicto armado, a la de las facultades de perdón presidencial se le ve también un precario futuro político y jurídico. Pero no deja de ser llamativa la recurrente camada de iniciativas surgidas en el Gobierno o en su periferia más próxima que buscan recortar, descalificar o desconocer las facultades legales y constitucionales de las otras ramas del poder público, tan legítimas como el Ejecutivo y cuyo pleno ejercicio, hoy más que nunca, son esenciales para la salud de la democracia colombiana.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET