Valiente es Dialogar, una plataforma nacional de diálogo autónoma, ciudadana e independiente dedicada a la construcción de consensos entre sectores históricamente opuestos, que llevó a cabo un diálogo temático sobre las economías ilícitas en Colombia. El espacio reunió, en un entorno seguro, a actores clave, diversos y de orillas contrarias que, en condiciones normales, difícilmente habrían coincidido; así logró entrelazar el conocimiento técnico de expertos con la vivencia de las comunidades afectadas. Lo más valioso de todo fue el proceso mismo, que demuestra que en Colombia es posible llegar a acuerdos entre sectores tradicionalmente distantes.
El objetivo fue escucharse e identificar los factores que inciden en las economías ilícitas y sus consecuencias, y “construir —en clave de consenso— propuestas de acción que contribuyan a mitigar sus efectos negativos”. Bajo un enfoque territorial y de cadena de valor, las discusiones permitieron analizar cómo la industria de las drogas, la extracción ilícita de minerales y la deforestación (tráfico de maderas, flora y fauna) han permeado la vida económica y social de regiones como Antioquia, Catatumbo y el suroccidente colombiano.
Cuatro factores claves inciden en la consolidación de las economías ilícitas: (1) la ausencia total o parcial del Estado en los territorios, que contribuye al fortalecimiento del control del territorio y de su población por parte de actores armados ilegales; (2) la convergencia de estos grupos en redes multicrimen, que, además de multiplicarse, mutan y transitan entre actividades ilícitas con facilidad —industria de las drogas, extracción ilícita de minerales, deforestación, corrupción, migración, extorsión, préstamos gota a gota, contrabando, lavado de activos, etc.—, y donde existe una bisagra entre lo legal, lo informal y lo ilegal; (3) la vulnerabilidad de las comunidades en territorios históricamente afectados por la violencia y la pobreza, que los convierte en el eslabón más débil de la cadena; y (4) el componente humano y cultural, que hace que las economías ilícitas representen para algunos una vía de ascenso y movilidad social.
Se deben buscar propuestas en torno a la institucionalidad y a la transición progresiva de la economía rural cocalera hacia la economía legal para los eslabones no violentos.
Respecto de la industria de las drogas, la dimensión internacional cobra especial valor debido a la transnacionalidad y corresponsabilidad del fenómeno. Las decisiones de Colombia en la materia están lejos de resolver el problema global, debido a que los actores transnacionales han adquirido un creciente poder dentro de la industria y al incremento de la producción de drogas sintéticas, que últimamente ha concentrado la atención de la comunidad internacional. Finalmente, la discusión global sobre prohibir o legalizar (regular) sigue pendiente en el mundo y debe ser liderada por Naciones Unidas.
Por otro lado, la extracción ilícita de minerales presenta una complejidad adicional: el oro es un producto legal, y ello dificulta aún más su regulación y control. Esta particularidad hace necesaria una diferenciación clara entre informalidad minera o minería artesanal, minería a pequeña escala (Mape) y extracción ilícita de minerales (EIM).
El documento concluye con propuestas en torno a la institucionalidad, al alivio a corto plazo de la pobreza y la desigualdad, a la transición progresiva de la economía rural cocalera hacia la economía legal para los eslabones no violentos de la cadena, al sector del oro con perspectiva de cadena de valor y a las dimensiones territorial e internacional.
El análisis evidencia la complejidad del entramado de las economías ilícitas en Colombia, que lleva a que se configure un sistema de poder paralelo que ocupa los vacíos del Estado en los territorios.