La crisis fiscal y el FMI

En una columna de opinión del 23 de marzo señalé dos riesgos importantes para el país si se mantenían los altos déficits fiscales: la posible pérdida de a la Línea de Crédito Flexible del FMI y la pérdida del grado de inversión de Moody’s, la única de las principales calificadoras de riesgo que todavía nos lo otorga; las otras dos nos lo quitaron en 2021.

Desafortunadamente el primero de estos riesgos se está materializando. Aunque la línea sigue vigente hasta el próximo año, el país no puede usarla antes de que se termine la consulta del Artículo IV, que es la evaluación anual que hace el Fondo sobre las políticas económicas de los países, así como la valoración del Fondo de si se siguen cumpliendo las condiciones para esa línea. En ambos casos el tema crítico es el fiscal.

Cabe recordar que esta es la mejor línea del Fondo, ya que no tiene condicionalidades y solo se otorga a los países cuyas políticas e instituciones económicas se considera sólidas. Sería positivo que el país continuara con a ella, como lo ha tenido desde 2009 y de hecho utilizó para hacer frente a los costos de la pandemia. Está por verse si Moody’s nos quita la calificación de grado de inversión; ya nos clasificó con perspectiva negativa.

Uno y otro serían pésimas noticias, entre otras razones porque aumentarían la percepción de riesgo del país en los mercados internacionales de crédito y, por lo tanto, el costo de la deuda externa. De hecho, la emisión reciente de un bono por 3.800 millones de dólares tuvo un costo muy elevado, por la percepción de alto riesgo de las finanzas públicas.

Como lo han señado ya muchos analistas, la actual istración recibió una situación fiscal compleja y, si no se hacen los ajustes necesarios, la próxima heredará una situación igualmente crítica.

Cabe recordar que el déficit fiscal del Gobierno Nacional en 2022 fue del 6,5 % del PIB, porque el ajuste de gastos que hizo la istración Duque fue contrarrestado por el déficit de $ 37 billones del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), si este se contabiliza en el año en que el gasto tuvo lugar, no en el cual se hizo el pago.

Tuve la oportunidad, como ministro de Hacienda, de convencer al presidente Petro de la necesidad de eliminar los subsidios a la gasolina y al AM. El primero se hizo, en tanto que el segundo, que habíamos acordado comenzaría en julio de 2023, se retrasó y solo se ha hecho en forma marginal. Además, gracias a los buenos recaudos tributarios y al menor desequilibrio del FEPC, el déficit se redujo al 3,6 % del PIB en 2023, pero aumentó nuevamente al 6,1 % en 2024. Más aún, la deuda pública del Gobierno Nacional es del 60 % del PIB, un nivel cercano al de la pandemia, y si no hay un ajuste fiscal, alcanzará el nivel más alto de nuestra historia.

Es esencial, por lo tanto, que se haga un recorte sustancial del déficit. Ello exige tanto una estimación correcta de los ingresos tributarios como un recorte significativo de los gastos. En el primer caso es necesario evitar la reiterada sobreestimación de la gestión de la Dian, y en el segundo, un recorte efectivo y no un aplazamiento de los gastos, ya que las cuentas por pagar están en un nivel excesivo y han dado lugar a gastos muy altos en los primeros meses del año. A ello se agregan los retos de liquidez que enfrenta el Gobierno desde el 2024.

El recorte tiene que ser considerable: del orden de 40 billones de pesos de acuerdo con Fedesarrollo y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Deben hacerse en gastos de funcionamiento, que ya alcanzan más de tres puntos porcentuales del PIB por encima de los niveles prepandemia. Una parte se debe hacer recortando el exceso de contratos de prestación de servicios, que son, como lo ha señado el exministro Cárdenas, los más altos de la historia. El recorte debe, además, abrir el espacio para varios problemas pendientes, especialmente el déficit del sector de la salud.

JOSÉ ANTONIO OCAMPO

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