¿A qué juega el gobierno del presidente Gustavo Petro con la radicación de una nueva consulta popular?

A pesar de contar con vías en el Congreso para avanzar en la reforma laboral -parece haber voluntad y consenso en el Senado para sacar adelante la iniciativa en un mes-, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió radicar una nueva propuesta de consulta popular apenas seis días después del hundimiento del primer intento. 

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Esta nueva iniciativa retoma las 12 preguntas anteriores y añade cuatro más enfocadas en el sistema de salud, lo que reavivó el debate sobre el uso de este mecanismo en un momento en que el Legislativo ya discute proyectos sobre ambos temas -la reforma a la salud ya superó dos debates, y el Partido Liberal también radicó una ley laboral-. 

Además, la decisión se produce sin que se haya resuelto aún la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro para reabrir la votación de la primera consulta y sin que se haya realizado el cabildo abierto prometido por el mandatario para debatir la posibilidad de una huelga -aunque las centrales obreras ya convocaron un paro de 48 horas-.

En este escenario, sectores políticos y analistas interpretan la nueva consulta como una jugada política para anticipar el ambiente electoral de cara a los comicios de 2026.

“Esperamos el concepto del Secretario General del Senado respecto a este embeleco de presentar las mismas preguntas más 4 nuevas de la Consulta populista. Los colombianos deben rechazar esta actitud de malos perdedores con los que se resisten a aceptar el resultado de la democracia. No está mal una consulta popular, lo que sí lo está es engañar a la gente para usarlos para su propósito electoral”, señaló la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

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La radicación fue firmada por los ministros Armando Benedetti (Interior), Antonio Sanguino (Trabajo) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), este último en calidad de ministro delegatario.

“Por instrucciones del señor presidente @petrogustavo hemos radicado hoy ante la Secretaría General del Senado una nueva Consulta Popular que incluye las 12 preguntas de temas laborales que el país conoce y 4 preguntas adicionales sobre el tema de salud. El pueblo tiene derecho a dirimir entre el Ejecutivo y el Legislativo para elegir sobre sus derechos”, señaló Benedetti.

Pero más allá de estas afirmaciones, lo cierto es que la consulta llega, además, cuando el Congreso tiene apenas 30 días para decidir si la ite y en medio de la discusión de las mencionadas reformas laborales. Es decir, en medio de un calendario apretado, con poco margen para discusiones de fondo y con una relación fragmentada entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Jairo Libreros, analista político, considera que el Gobierno ya definió su ruta para los próximos meses y que, más allá de lo que ocurra con la reforma laboral, su apuesta está centrada en un discurso directo al electorado.

“No solo busca trasladar la gobernabilidad a las calles, sino tomar la conducción del proceso electoral. Se busca, si logra el aval del Senado, mecanismo para medirse en las calles y para medir la conexión entre el presidente Petro y sus seguidores”, afirmó el analista.

Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo insiste en una figura de participación ciudadana que, en términos prácticos, resulta más compleja y lenta que la aprobación de una ley -requiere el visto bueno del Senado y la participación de al menos el 33 % del censo electoral-. “No soy tan optimista del trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta, así que nosotros nos estamos anticipando”, dijo el ministro Antonio Sanguino en diálogo con la emisora Caracol Radio,

Para el analista Gonzalo Araujo, de la firma Orza, la movida del Gobierno apunta, como sostienen sectores de oposición e independientes, más a lo electoral.

“La estrategia del Gobierno es clara, a toda costa necesita anticipar el proceso electoral, para poder buscar unas listas al congreso de 2026 que saquen una importante votación y así darle continuidad al proyecto político”, opinó el analista.

Esta tesis no es nueva. Desde hace semanas, y pese a que incluso desde los gremios se abrió la puerta a la discusión de la reforma laboral del Gobierno, se percibe que el presidente Petro pasó de impulsar la iniciativa a, como sostiene Araujo, preparar el terreno para una nueva disputa electoral.

De hecho, uno de los puntos más polémicos de la nueva consulta está en las preguntas relacionadas con el sistema de salud, hoy en crisis. Expertos advierten que el Gobierno ya cuenta con herramientas legales para implementar medidas como la regulación del precio de los medicamentos y que no habría necesidad de acudir a las urnas.

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“La regulación de precios no necesita consulta popular. Puede hacerse con el marco normativo vigente. ¿Por qué el gobierno no la implementa en lugar de incluirla en la tal la consulta? Porque su interés no es bajar los precios, sino hacer demagogia”, señaló el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria.

Una visión similar tiene el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. “Las cuatro preguntas sobre salud en la consulta popular no requieren un nuevo mandato ciudadano, porque ya están reguladas por leyes o decretos vigentes o por expedirse dependientes de gestión del gobierno. El problema no es de ausencia normativa, sino de falta de implementación, voluntad política, gestión pública y seguimiento institucional”. escribió en X.

La misma crítica se extiende a otros temas incluidos en la consulta que están ligados a la reforma laboral. En el Congreso, varios legisladores insisten que el Ejecutivo no ha agotado los canales institucionales y que la consulta parece otro recurso más para sacar a la gente a las calles.

Patricia Muñoz, directora de posgrados de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, tiene otra visión. Sostiene que, más allá de un posible interés electoral, el presidente estaría viendo en las propuestas de consulta popular una forma de presionar al Congreso para que avance en sus reformas.

“Es muy importante que el gobierno y el Congreso entiendan que como instituciones deben buscar los mayores niveles de acercamiento y consenso posible para avanzar en las reformas, ajustes y cambios”, señaló.

La firma de Guillermo Alfonso Jaramillo, en su calidad de ministro delegatario, ha generado varias dudas en términos jurídicos, ya que el decreto que le otorgó funciones presidenciales no incluye las atribuciones necesarias para convocar una consulta popular, como lo exige la Constitución Política. Si ese vacío se confirma, el proyecto podría estar viciado desde su origen.

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“La consulta que radicó hoy @GA_Jaramillo está viciada. En los decretos que le delegaron funciones presidenciales no aparece el artículo 104 de la Constitución, que es el que faculta al presidente para ‘consultar al pueblo’. ¿Se extralimitó o usurpó funciones el ministro? Denunciaremos”, señaló el representante a la Cámara Andrés Forero.

Además, también hay interrogantes con respecto al contenido de esta consulta. Aunque ni la Ley 1757 de 2015 ni la Ley 134 de 1994 –que regulan los mecanismos de participación– prohíben radicar nuevas consultas, no se puede presentar el mismo texto.

“La reiteración sin ajustes sustanciales abusa del mecanismo de participación. Repetir propuestas ya rechazadas afecta el carácter democrático de la consulta y va en contra del principio de coordinación entre poderes (art. 113 )”, advirtió la Fundación para el Estado de Derecho (FedeColombia).

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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