Durante la COP16, Colombia quiere liderar una discusión en la que, diplomáticamente hablando, no tiene voto

La biodiversidad de países como Colombia, México, India o Brasil resulta vital para multinacionales de diferentes sectores del mundo. En las selvas de la Amazonia, por ejemplo, hay cientos de plantas que se usan en cosméticos o tratamientos farmacéuticos; y para su uso o explotación comercial una empresa debe regirse por el Protocolo de Nagoya, tratado aprobado en 2010 que esencialmente establece las “reglas de juego” para acceder, utilizar y distribuir los beneficios que resultan del uso de estos recursos. 

Dicho protocolo pretende ser abordado durante la Cumbre de Biodiversidad (COP16), que se realizará este año en Cali, alrededor de temas que no se han legislado, como las secuencias genéticas digitales.

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Colombia quiere impulsar una discusión alrededor del sistema de reparto de beneficios de los recursos genéticos. La discusión gira en torno a las demandas de los países megadiversos para que se reciban beneficios por sus contribuciones de las cadenas genéticas de los organismos, que son usadas por diferentes sectores industriales en el mundo. Es decir, si una multinacional o empresa quiere hacer uso de un recurso genético de un país debe dar una distribución equitativa por ese uso. Algo así como pagar derechos de autor por usar una planta o especie animal que solo existe en un punto específico del mundo, como por ejemplo si una farmacéutica quiere usar una rana endémica de Colombia para crear la cura contra una enfermedad.

Dicha discusión, en teoría, se aborda alrededor del Protocolo de Nagoya que se discute durante las COP de Biodiversidad, y el Ministerio de Ambiente de Colombia quiere que sea no sólo una prioridad de la COP16, sino uno de los legados que quede de la Cumbre. “El reparto justo de beneficios de los recursos genéticos es una cuestión de justicia y equidad que Colombia impulsará en la COP16. Este enfoque busca garantizar que los países ricos en diversidad biológica reciban una parte equitativa de los beneficios derivados del uso de sus recursos genéticos, promoviendo así la sostenibilidad y el respeto a los derechos de las comunidades”, señaló en julio de este año el Ministerio de Ambiente, que reveló que este punto será una de las cuatro prioridades del país durante el encuentro.

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El problema es que aunque Colombia fue el primer país del mundo en firmar el Protocolo de Nagoya, aún no lo ha ratificado. Es decir, aunque decidió adherirse al tratado y agregarlo a nuestra legislación, nunca impulsó su paso por el Congreso (como sí lo hizo con el Acuerdo de Escazú, por ejemplo) que es un requisito fundamental para que entre a regir en nuestra normatividad. 

Al respecto, el Ministerio de Ambiente le confirmó a EL TIEMPO que “Colombia podrá participar como observador en las negociaciones, lo que significa que podrá tomar la palabra para presentar la posición nacional después de las intervenciones de las partes del Protocolo (los países que ya lo ratificaron), cuando les den la palabra a los observadores. Adicionalmente, no podrá oponerse en caso que haya consenso por los países partes”. 

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Colombia no solo fue el primer país del planeta en firmar el texto, sino que un colombiano, el economista Fernando Casas, fue co-presidente de la negociación que se desarrolló entre 2006 y 2010 y posteriormente trabajó en su implementación. Según explica el experto, nuestro país tuvo un papel fundamental en el desarrollo de este acuerdo internacional del que hoy hacen parte 141 Estados que ya han ratificado el texto, entre ellos la gran mayoría de megadiversos como Brasil, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Sudáfrica, India, China e Indonesia.

Y aunque varios Gobiernos se han comprometido con su ratificación, eso aún no sucede. De hecho, hace dos años, durante la COP15 de Biodiversidad que se desarrolló en Montreal (Canadá), la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien llevaba un par de meses en su cargo, se comprometió a ratificarlo. “Logremos en esta COP evitar que los recursos genéticos y la biodiversidad se conviertan en otro extractivismo injusto. Para esto, Colombia se compromete a ratificar el Protocolo de Nagoya, deuda histórica de los gobiernos colombianos”, manifestó la jefe de la cartera ambiental en diciembre de 2022, ante la plenaria de la COP15. Eso, en todo caso, no sucedió.

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“Colombia entró en un silencio istrativo hasta el día de hoy en que ya han ratificado 141 países, y Colombia no. De los países que han ratificado están todos los megadiversos, los amigos nuestros como México, Brasil y Perú. Todo el mundo ratificó y Colombia callada. Eso significa que cuando se reúnan en Cali y se abran las negociaciones del Protocolo de Nagoya, porque hay un montón de tareas que hacer alrededor del protocolo, Colombia no puede participar. Puede estar como observador, pero no puede ser negociador”, resalta Casas.

De acuerdo con el experto, quien dedicó diez de su vida a la discusión de este tratado y su posterior implementación, si nuestro país quisiera entonces proponer cambios en el acuerdo, o mejorar la repartición de recursos, tendría que hacerlo “a través de un amigo”, es decir otro Estado que sí haya ratificado el acuerdo y que tenga capacidad de hablar y debatir durante las negociaciones.

“No sé cómo Colombia va a hacer, porque no pueden sentarse en la mesa de negociación. No pueden porque no son parte. Tienen que pedirle a México o Brasil o algún otro colega que hable por nosotros, porque Colombia no puede hablar directamente en el Protocolo de Nagoya hasta cuando no lo ratifique. Pueden tener buenas ideas, pero no pueden ponerlas sobre la mesa, discutirlas o negociarlas, como sí hacemos en los otros aspectos de la Convención de la Biodiversidad. Puede proponer, pero, ¿a quién? Si no está invitado a la mesa, no es socio, no hace parte del protocolo”, señala el ex-negociador.

Desde que el Ministerio de Ambiente reveló, hace un par de meses, que impulsar un sistema equitativo de reparto de beneficios de los recursos genéticos era una de las prioridades del país durante la COP16, varias voces del ámbito científico han coincidido en señalar que este podría ser, probablemente, uno de los grandes legados de Cali.

Por ejemplo, expertos como el director general y líder de Soluciones Naturales del Bezos Earth Fund, Cristián Samper, han señalado su relevancia. “Para mí puede ser la gran oportunidad de la COP16 si se lograra llegar a un acuerdo global sobre eso, lo que probablemente sería lo que define la COP16”, resaltó en entrevista con EL TIEMPO. Una opinión similar tiene Joe Tohme, director general del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), quien le dijo a este diario que para él si bien esta es “una temática bastante compleja” nuestro país “está preparado” para abordarla.

En todo caso, al menos que Colombia proponga la creación de un nuevo Protocolo alrededor de este tema, la única opción que le queda para poder participar es a través de la voz de otros, según resalta el expresidente de las negociaciones de Nagoya, Fernando Casas.

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En ese sentido, varias voces del sector ambiental han señalado que es “preocupante” que nuestro país impulse una negociación en la que tiene “las alas cortadas”. De acuerdo con el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, no se justifica que tras más de 13 años el Protocolo no se haya ratificado, y ahora, a menos de un mes del inicio de la COP16 eso pueda convertirse en la piedra en el zapato del avance de una negociación crucial.

“De suma importancia para Colombia pero preocupante. En la COP16 se avanzará en las negociaciones sobre participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos regulada por el Protocolo de Nagoya de la Convención de Biodiversidad y es preocupante que Colombia no podrá liderar las negociaciones sobre la participación justa en los beneficios al no haber ratificado el Protocolo, que ha sido ratificado por la casi totalidad de países megadiversos. ¿Por qué Colombia no ha ratificado el Protocolo, después de haber sido el primer país en firmarlo hace trece años?”, cuestionó Rodríguez.

EL TIEMPO consultó al Ministerio de Ambiente sobre cuáles son las opciones que están considerando para impulsar dicha discusión, teniendo en cuenta las limitaciones jurídicas de no contar aún con la ratificación del tratado, pero al cierre de esta publicación no había obtenido respuesta.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros