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Exclusivo: Gobierno pagará $ 900.000 mensuales a familias por no deforestar la Amazonia

En entrevista, la ministra Susana Muhamad, explica cómo funcionará el programa 'Conservar paga'.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dio detalles sobre la deforestación en el país. Foto: Mauricio Moreno. Juan Betancourt/Minambiente.

PERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD10.11.2023 21:45 Actualizado: 14.11.2023 11:05

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La deforestación es el mayor flagelo ambiental de Colombia. Nuestro país, que hace parte del privilegiado club de los 17 países megadiversos y que alberga el 10 por ciento de la biodiversidad de la Tierra, pierde anualmente un promedio de más de 150.000 hectáreas de bosque, una extensión similar a la de la ciudad de Bogotá. Para enfrentar ese flagelo, una de las medidas que implementará el Gobierno será pagar a los campesinos y comunidades por no deforestar.

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La deforestación es una de las causas de inundaciones y avalanchas. La imagen es de Montañita (Caquetá). Foto:Getty Images

Esta no es una idea nueva. En Colombia ya hay más de 2.500 familias que hacen parte de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales y que reciben, según la ministra de Ambiente Susana Muhamad, unos 300.000 pesos mensuales.

En entrevista con EL TIEMPO, la funcionaria revela en exclusiva que triplicarán ese monto y llegar a las 16.000 familias beneficiadas como una de las grandes estrategias para enfrentar la pérdida de bosque.

La idea, además, es que las familias se comprometan a restaurar los territorios e inclusive, en algunos casos, a salir de ellos para ser relocalizados en zonas dentro de la frontera agrícola, donde el Gobierno plantea varias opciones para que desarrollen actividades pecuarias o de agricultura que no generen impacto sobre los bosques, un elemento clave en la lucha contra el cambio climático.

¿En qué consiste el programa Conservar Paga?

Es el programa que anunció el presidente Petro desde principios del año y que significa una estandarización y un aumento significativo del reconocimiento a las veredas, Juntas de Acción Comunal y familias campesinas que se comprometen a la conservación en el arco de deforestación amazónico y en general en toda la Amazonia, pero empezando con los departamentos de Caquetá, Meta, Sur del Guaviare y Putumayo.

E implica un acuerdo de conservación que hacemos con la Junta de Acción Comunal (JAC) y con las familias. Identificamos la realidad de sus predios y cuáles son las áreas de conservación. Ellos se comprometen a no deforestarlas y a entrar a un programa de reconvención productiva y ordenamiento territorial para generar gobernanza frente al tema de la deforestación.

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¿Cuánto podría recibir cada familia y de qué depende, de la cantidad de hectáreas, tipo de bosque?

Hoy ya hay 2.500 familias con Pagos por Servicios Ambientales o incentivos forestales en la Amazonia. Entonces, en este momento hay equipos en territorio que están trabajando con las JAC para ir a caracterizar predios. Esto tiene que georreferenciarse para mirar precisamente las áreas de conservación y subirlas en un programa de monitoreo satelital, para así poder hacer los pagos de acuerdo al cumplimiento del compromiso de conservación.

"Vamos a empezar primero con un acuerdo con el Banco Agrario. Las familias que no estén bancarizadas tendrán que hacerlo. Y esperamos el otro año migrar al sistema de DPS".

Lo que hemos determinado inicialmente son 900.000 pesos por familia al mes. Según, obviamente, al acuerdo que lleguemos, esto puede variar un poco en cada uno de los territorios, pero digamos que es como un valor de referencia y que multiplica por tres el valor que se está reconociendo hoy, que son 300.000 pesos por mes.Hoy hay 2.500 familias que reciben pagos por servicios ambientales.

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¿Cuál es su meta en el programa Conservar Paga?

Tenemos una meta de 16.000 familias y esperamos lograr hacia febrero del próximo año tener aproximadamente 9.000 a 10.000 familias.

¿Y cuánto esperan invertir en Conservar Paga y de dónde saldrán los fondos para estos incentivos?

El presidente se ha comprometido en la adición presupuestal que hizo este año en el Congreso a $ 600.000 millones de inversiones en la Amazonia. De estos, con los números iniciales que tenemos para arrancar el año 2024, empezando con presupuesto de este año, se pagaría más o menos $ 150.000 millones anuales en el programa. Pero a medida que vayan aumentando las familias, esto va aumentando y tenemos un presupuesto anual disponible de $ 600.000 millones para el Programa Amazónico.

Ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Foto:Serghio Cardenas. EL TIEMPO.

Entre otras cosas, este incentivo es lo que llamaríamos el incentivo en efectivo, pero esto va acompañado de un acompañamiento en asistencia técnica para reconvertir los predios. Va acompañado del Programa de Educación Ambiental, del Proceso Social del Futuro y de los Derechos Territoriales.

O sea, es un programa integral, pero arrancamos mientras podemos generar los núcleos de desarrollo forestal, mientras podemos hacer todo el trabajo técnico, jurídico, social que hay que hacer en el territorio para viabilizar estos núcleos y que empiecen a ser productivos. El incentivo lo que hace es mantener ese compromiso de las veredas y los campesinos con el Estado para esa reconvención y también mantener la conservación.

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En estas zonas tan alejadas, ¿cómo se harán esos pagos? ¿De qué manera o a través de qué estructura se utilizará, por ejemplo, el DPS?

Vamos a empezar primero con un acuerdo con el Banco Agrario. Las familias que no estén bancarizadas tendrán que hacerlo. Y esperamos el otro año migrar al sistema de DPS. Eso necesita unos arreglos presupuestales que debemos hacer y que no se hicieron en este 2023 para el presupuesto 2024. Vamos a empezar con el presupuesto 2023 que tenemos, con el Banco Agrario y esperamos en el presupuesto 2024 poder migrar al sistema de transferencias del DPS.

Entre los factores que impulsan la deforestación está la expansión de la frontera agropecuaria y la falta de políticas para frenar la problemática. Foto:Gaia Amazonas. Informe Amazonia 2022.

Una cosa que hemos visto es que en estas zonas tan alejadas algunas familias sienten que no las están incluyendo o que no están haciendo parte de estas conversaciones. ¿Cómo garantizar que todas las comunidades participen?

Bueno, es un proceso permanente de trabajo. Aquí hay un riesgo y es que el incentivo se vuelva uno perverso, que la gente empiece a asentarse en la zona para recibir el dinero. Por eso también tiene una condición, es que nosotros tenemos identificados cuáles son los asentamientos históricos que están en esta región y a ellos es que va dirigido el incentivo. Si mañana aparece una nueva vereda en una zona forestal, allá no irá el incentivo.

Este programa territorial en la Amazonia busca también traer a las familias al interior de la frontera agrícola. No es solamente que la gente esté allá en las reservas de Ley segunda, alejadas del mercado, alejadas de las vías, a donde las ha llevado la economía ilícita de la coca, sino entrar en este pacto de confianza con ellos y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, buscar cuáles son las opciones territoriales más lógicas para estos asentamientos.

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Esto puede ser, por ejemplo, de las concesiones forestales campesinas que habilitamos en el Plan de Desarrollo, hasta derechos de uso en los regímenes de la Ley segunda, hasta titular tierras dentro de la frontera agrícola de estos departamentos y que la población se mueva hacia la frontera agrícola más cercana a los mercados y que podamos tener gobernanzas.

Y obviamente también un trabajo con los pueblos indígenas y los resguardos, que es la otra cara importantísima del Amazonia. Entonces, esto es todo un programa multifacético que tiene una estrategia compleja, que lo que busca es no solo frenar la deforestación, sino estabilizar los derechos de estas comunidades colonas en la Amazonia y fortalecer las gobernanzas indígenas, los hábitos de vida y la restauración ecológica en toda la región.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE

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