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En el Concejo se define el futuro de La Rolita, cuyo proyecto de acuerdo para legalizarla no avanza

Según un análisis financiero, se demuestra que la operadora es viable. 

Mujeres que trabajan en la Rolita.

Mujeres que trabajan en la Rolita. Foto: Cortesía

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La movilidad en Bogotá enfrenta un momento crucial con la incertidumbre sobre el futuro de La Rolita, la primera operadora distrital de transporte público con una flota 100 por ciento eléctrica.
La empresa, que transporta a más de 53.000 s diarios y genera empleo a cerca de 800 personas, ha sido el centro de un debate político, legal y financiero que definirá su continuidad.
Cabe recordar que La Rolita surgió en 2021 como una respuesta a la crisis del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), caracterizada por problemas de cobertura y sostenibilidad financiera. Su objetivo principal fue garantizar el al transporte en zonas vulnerables, ofreciendo un modelo de movilidad sostenible y equitativo.
A la fecha, la operadora cubre 10 rutas en 17 localidades, incluyendo Perdomo y Ciudad Bolívar, zonas donde el transporte público es esencial para la conectividad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Además, La Rolita ha sido reconocida por su enfoque inclusivo, con un 60 por ciento de mujeres en su planta de trabajadores y una alta representación de migrantes y padres y madres cabeza de familia.
Su operación eléctrica ha permitido reducir 2,17 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, convirtiéndola en un referente en movilidad sostenible en Colombia.
El pasado 25 de octubre de 2024, el Tribunal istrativo de Cundinamarca ratificó la anulación de la autorización que el Concejo de Bogotá otorgó en 2020 para la creación de La Rolita.
Sin embargo, hay que resaltar que el fallo judicial no ordenó la disolución ni liquidación de la empresa, sino que cuestionó el proceso de autorización bajo dos argumentos principales.
El primero se basó en la iniciativa de crear una operadora de transporte público no estaba incluida en el programa de gobierno de la entonces alcaldesa Claudia López; y el segundo se dio porque no se presentó un "estudio demostrativo" que justificara la necesidad de la iniciativa ante el Concejo de Bogotá.
Ahora, a pesar de estos cuestionamientos, el contrato de sociedad de La Rolita sigue vigente, lo que ha permitido que se siga con su operación hasta la fecha.
Tras el fallo del Tribunal, la istración del alcalde Carlos Fernando Galán decidió buscar una solución para garantizar la continuidad de La Rolita. El 7 de febrero de este año, la Alcaldía radicó ante el Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo 256, el cual busca ratificar la capacidad jurídica de TransMilenio S.A. para ser accionista mayoritario de la operadora distrital.
En una rueda de prensa, que se llevó a cabo en horas de la mañana de este martes 11 de marzo, la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que esta ratificación es crucial para mantener la operación de La Rolita sin afectar el transporte de los 53.000 pasajeros diarios que dependen de sus rutas. 
Además, Ortiz aclaró que la anulación de la autorización original no ha tenido impacto en las finanzas públicas del Distrito ni de TransMilenio.
Por otro lado, el Proyecto de Acuerdo 256 ha sido debatido en el Concejo de Bogotá, donde tres concejales fueron designados como ponentes: Fernando López y Julián Felipe Triana, presentaron una ponencia positiva, mientras que la de Julián Uscátegui fue negativa.
En su intervención, el concejal Fernando López destacó la importancia de La Rolita para la equidad en la movilidad, la sostenibilidad ambiental y la generación de empleo digno. Además, presentó un análisis financiero que demuestra que la operadora es viable, con un margen EBITDA del 17,3 por ciento y neto del 13,9 por ciento a septiembre de 2024, cifras superiores a las del promedio del sector.
Según el concejal Fernando López, el principal obstáculo que ha enfrentado La Rolita es que no hubo una norma taxativa a la hora de crear esta empresa, en cuanto se refiere a los estudios demostrativos.
"La istración anterior aprobó a La Rolita con el artículo 91 del Plan de Desarrollo de la entonces alcaldesa Claudia López; por esto, el tribunal istrativo de Cundinamarca declaró nulo este artículo", le dijo López a EL TIEMPO.
Además, explicó que la actual istración les solicitó que se debe ratificar esta autorización para que se subsane la falta de los estudios demostrativos que no se presentaron cuando se dio la creación de La Rolita.
"Carlos Fernando Galán ha insistido en que hay que subsanar esta relativa nulidad, responsabilidad que nos confiere a los concejales de Bogotá; es decir, debemos autorizar al alcalde para que se puedan llevar a cabo estos estudios demostrativos para que La Rolita siga existiendo para el bien de la ciudadanía", añadió el concejal.
Hay que tener en cuenta que, si el Concejo de Bogotá decide no aprobar la ratificación de TransMilenio como accionista mayoritario de La Rolita, las consecuencias podrían ser graves, pues podría darse una posible liquidación de la operadora, lo que afectaría la movilidad en sectores como Perdomo, donde se realizaron cinco licitaciones previas sin que ninguna empresa privada ofertara el servicio.
Pero eso no sería lo único, también habría un riesgo para el empleo de 768 personas, incluyendo 61 migrantes y 161 madres y padres cabeza de familia: pérdida de un actor clave en la competencia del transporte público, lo que podría elevar costos y reducir la calidad del servicio.
Además, esto causaría que hubiera una disminución en los s a la información técnica y financiera para futuras licitaciones, afectando la toma de decisiones sobre el sistema de transporte en Bogotá. Así como se perdería un modelo de movilidad sostenible, reconocido internacionalmente por sus buenas prácticas en responsabilidad social y ambiental.
Por su parte, el Concejo de Bogotá tiene hasta mañana, 12 de marzo, para debatir y votar el Proyecto de Acuerdo 256 en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. La decisión final marcará el futuro de La Rolita y, con ello, el destino de la movilidad sostenible en Bogotá.
Frente a esto, el alcalde Galán ha sido enfático en que esta iniciativa no solo busca corregir errores istrativos del pasado, sino garantizar que Bogotá continúe avanzando hacia un sistema de transporte más eficiente, equitativo y ambientalmente responsable. "Esperamos que el Concejo tome la mejor decisión en beneficio de los ciudadanos y del desarrollo de la ciudad", afirmó el mandatario.
Mientras tanto, miles de s, trabajadores y defensores de la movilidad sostenible esperan con incertidumbre la resolución de este debate, conscientes de que la decisión que se tome en los próximos días impactará directamente sus vidas y el futuro del transporte público en la capital.
Laura Valeria López Guzmán
En X: @Lauravaleriolo
Redacción Bogotá
EL TIEMPO

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