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La polémica por la resolución de MinAmbiente sacudió a la región: ¿Qué dicen los alcaldes de la Sabana de Bogotá?

El alcalde Galán emprenderá acciones legales contra resolución ambiental del Gobierno.

El alcalde Carlos Fernando Galán reiteró su malestar con la exministra Susana Muhamad. Foto: Archivo

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Laura Valeria López Guzmán

05.03.2025 17:59 Actualizado: 05.03.2025 18:11

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El reciente anuncio del Ministerio de Ambiente sobre los lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá ha desatado un enfrentamiento entre el Distrito y el Gobierno Nacional.

(Si le interesa, le sugerimos leer: 'Resolución del Minambiente genera grave restricción en el desarrollo de municipios y Bogotá': gobernador Rey)

Mientras la istración de Carlos Fernando Galán advierte que la medida podría paralizar proyectos clave para el desarrollo de la ciudad, el presidente Gustavo Petro y la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, defienden la resolución como un mecanismo para garantizar el avance sostenible en la región.

Frente a esto, EL TIEMPO consultó a diferentes alcaldes de la Sabana de Bogotá, quienes explicaron y coincidieron en que, desde el Gobierno Nacional, no hubo ni ha habido, hasta el momento, una consulta o un espacio para el diálogo, por lo que esta resolución los tomó por sorpresa.

Nelson Parra, alcalde de Mosquera, explicó que desde la alcaldía no conocían las decisiones que estaba tomando el Ministerio de Ambiente. “En ningún momento hemos sido invitados a alguna mesa de trabajo en la que se dialogara el impacto que van a sufrir los municipios con esta resolución. A nosotros también nos preocupan los temas ambientales, pero no fuimos tenidos en cuenta para hablar de esto y proponer soluciones”.

Una de las principales preocupaciones que suscitó esta noticia en la alcaldía de Mosquera es el futuro de las obras que se vienen trabajando de la mano con el Distrito para ayudar a la movilidad de la capital, ya que un gran porcentaje de habitantes del municipio trabaja en Bogotá.

“Lo que más nos preocupa es el impacto que esta iniciativa pueda tener en estas obras estratégicas que se crearon para resolver temas de movilidad, tanto en el municipio como la conexión con la capital, como lo sería el proyecto del Regiotram de Occidente”, añadió Parra.

(También lo invitamos a leer: Polémica por el ordenamiento ambiental en la Sabana: ¿Qué pasará con las obras en Bogotá y sus alrededores?)

Por su parte, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, aseguró que esta polémica afecta la autonomía territorial, el desarrollo regional, la seguridad hídrica, alimentaria y el desarrollo de la infraestructura vial del municipio y la región.

Además, el mandatario de Chía indicó que, así como las decisiones de Bogotá afectan a los municipios de la Sabana, las implicaciones del orden nacional acentúan mucho más la ausencia de una instancia istrativa que permita tomar caminos similares en el desarrollo común de la región.

Las preocupaciones principales para el alcalde en la coyuntura actual son la seguridad hídrica, el abastecimiento del municipio y la estabilidad financiera. “Bajo estas circunstancias, hoy la industria floricultora no podría seguir desarrollándose; son 2.800 empleos en Chía, ¿qué vamos a hacer con ellos? Necesitamos crecer en oferta institucional; Chía es un municipio que vive de la venta de bienes y servicios”, dijo.

Además, habló sobre la posible suspensión de proyectos como el Regiotram del Norte, la ampliación de la Autopista Norte, la Carrera 7ma, la NQS, la Avenida Boyacá, la doble calzada Cota-Chía, la ampliación de la Avenida Pradilla, la terminación de la Troncal de Los Andes, el proyecto Chingaza 2, la ampliación del Sistema Norte de Acueducto e inclusive la construcción de las Plantas de Tratamiento Residuales PTAR, obligación contemplada en la Sentencia del Río Bogotá. “De cumplirse con la resolución, nuestra PTAR 1 no se podría construir”, recalcó.

Así mismo, resaltó que en las zonas de cuerpos hídricos no se va a poder hacer agricultura y pastoreo y solo se podrán desarrollar actividades contemplativas. “Esto va a decrecer el valor tributario y bajará el recaudo; tendremos que hacer nuevos avalúos a las tierras. ¿Qué pasará entonces con la infraestructura en los municipios?”, agregó.

Otro de los problemas serios que implicaría la aplicación de la resolución es que Chía no podría ejecutar metas contempladas de su Plan de Desarrollo 2024-2027, como la ampliación de 7 vías neurálgicas y la ampliación que realizará Bogotá en la Autopista Norte, además de la expansión de la infraestructura eléctrica.

Según Donoso, “la resolución dice: vamos a quedar quietos en el tiempo. Claro, nosotros somos conscientes de que debemos velar por la conservación ambiental, pero creo que estas acciones deben ir de la mano del desarrollo sostenible equilibrado, el crecimiento demográfico y las necesidades de los habitantes de un territorio en crecimiento”.

El alcalde de Chía comentó que está de acuerdo con el llamado del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a unir al Distrito,Cundinamarca y sus municipios como una región que debe tomar acciones conjuntas frente a las decisiones de la Nación que excluyen la autonomía de los territorios.

¿En qué consiste la resolución?

El Ministerio de Ambiente presentó la resolución "Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá", cuyo objetivo es establecer límites para el crecimiento desordenado y garantizar la protección de los ecosistemas estratégicos. La normativa busca conservar zonas de reserva, proteger el agua y delimitar el uso del suelo en función de su vocación agropecuaria y forestal.

La exministra Muhamad aseguró que la resolución se fundamenta en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, que declara la Sabana de Bogotá como de interés ecológico nacional. Según la funcionaria, este ordenamiento es clave para la planificación del territorio y evitar que la urbanización sin control afecte recursos naturales esenciales.

(Para conocer más sobre este tema, le sugerimos leer: Por afectar estos proyectos, el alcalde Galán emprenderá acciones legales contra resolución ambiental del Gobierno)

El impacto sobre los proyectos de infraestructura

Desde el Distrito, el alcalde Carlos Fernando Galán ha expresado su preocupación por la posible afectación de obras fundamentales para la movilidad y el desarrollo de Bogotá. Entre los proyectos que podrían quedar en el limbo se encuentra la ampliación de la Avenida Boyacá, una vía crucial para mejorar la conexión con los municipios del norte de la ciudad.

Según Galán, el Ministerio de Ambiente busca revocar la licencia ambiental otorgada en diciembre de 2023 para la ampliación de esta avenida, argumentando que impactaría la Reserva Forestal Thomas van der Hammen. Esta zona protegida, declarada en el año 2000, abarca 1.395 hectáreas y es clave para la conectividad ecológica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá.

El alcalde advirtió que la resolución no solo afecta la infraestructura vial, sino también la planificación urbana y los proyectos de vivienda en la región. "Si esta resolución se implementa como está planteada, estaríamos enfrentando un freno al desarrollo de la ciudad", afirmó Galán, quien también anunció posibles acciones legales contra la medida.

Reacciones y controversia

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas señalando que la resolución busca proteger el equilibrio ambiental de la región. "La Sabana de Bogotá no puede seguir creciendo de manera desordenada. Este ordenamiento es necesario para garantizar el desarrollo sostenible", manifestó el mandatario.

Por su parte, la exalcaldesa Claudia López calificó la resolución como "abusiva e ilegal" y acusó al Gobierno Nacional de querer imponer restricciones sin concertación con el Distrito. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) también se sumó a las críticas y solicitó la intervención de la Procuraduría, argumentando que la normativa pone en riesgo el crecimiento de Bogotá y Cundinamarca.

¿Qué sigue para la Sabana de Bogotá?

La discusión sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá refleja la complejidad de equilibrar el crecimiento urbano con la conservación del medio ambiente. Mientras el Gobierno Nacional insiste en la necesidad de proteger los ecosistemas estratégicos, el Distrito y otros sectores advierten sobre el impacto en la infraestructura y el desarrollo de la ciudad.

Por otro lado, si luego del 14 de marzose oficializa la resolución, según le explicó Daniel Briceño a este medio, el Concejo de Bogotá demandará esta iniciativa ante el Consejo de Estado.

“No creo que, desde el ministerio de Ambiente, políticamente como están viendo las cosas, se vayan a bajar del bus. Ya publicaron el proyecto y lo que se ha visto antes en estas situaciones es que no cambian de opinión, así que esto nos llevaría a ir al Consejo de Estado a buscar una suspensión provisional”, añadió.

En las próximas semanas, se espera que continúen los diálogos y las revisiones técnicas de la resolución, en un debate que definirá el futuro de una de las regiones más importantes del país.

Laura Valeria López Guzmán

En X: @Lauravaleriolo

Redacción Bogotá

EL TIEMPO