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‘No podemos echar el tiempo hacia atrás, pero tampoco todo está perdido’, exministra sobre polémica resolución
Susana Muhammad defiende el proceso de formulación, los objetivos y dice qué sigue.
Exministra de Ambiente, Susana Muhamad. Foto: MAURICIO MORENO / EL TIEMPO
EDITOR DE BOGOTÁActualizado:
EDITOR GENERALActualizado:
Tras la ola de críticas que ha recibido el borrador de resolución que establece lineamientos ambientales para el ordenamiento de la Sabana y Bogotá, la hoy exministra de Ambiente Susana Muhammad defiende el proyecto de norma y se mantiene firme en que lo que sigue ahora es la consulta.
Muhammad fue quien lideró todo el procedimiento que concluyó con la formulación del polémico proyecto de norma y lo publicó cuando ya estaba entregando esa cartera. Dice que fueron dos años de reuniones y mesas técnicas con diferentes actores de la región, entre alcaldes, gobernador, autoridades ambientales y veedurías.
La hoy exministra explica los objetivos de la propuesta de restaurar y conservar los suelos rurales y los ecosistemas y recuperar las funciones ecológicas, especialmente sobre el agua, para garantizar la seguridad hídrica a futuro en la región y Bogotá.
“Hay una realidad presente y un motor de desarrollo que hacia el futuro, si sigue igual, va a ser un desastre”, afirma Muhammad, quien también habla del anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán de demandar la norma -si es expedida- y lo señala de presumir “la mala fe”. “Prefiero mil veces la actitud del gobernador” Jorge Rey, asegura Muhammad, quien es uno de los alfiles del gobierno de Gustavo Petro y a quien muchos ven como posible candidata a la Alcaldía de Bogotá y suena para llegar en los próximos días a dirigir Planeación Nacional.
Susana Muhamad y Carlos Fernando Galán Foto:Archivo El Tiempo
¿Por qué sale esa resolución en este momento?
La resolución tiene un origen legal en la ley 99 de 1993, en el artículo 61, que declara la Sabana de Bogotá como territorio de interés ecológico nacional y dice que su vocación debe ser agropecuaria y forestal. Ojalá, hace 30 años se hubiese tomado en serio cómo proteger ese ecosistema de interés nacional, quizá hubiéramos podido tener una planificación que estuviera adecuada a un territorio sensible ambientalmente para la protección y el beneficio a los derechos de todos los ciudadanos y no un territorio que se volvió de extractivismo de rentas inmobiliarias. En las bases del plan de desarrollo, en el artículo 2, dejamos que el Gobierno sacaría los lineamientos ambientales de acuerdo con el artículo 61 y es el mandato legal.
¿Por qué se quiere imponer cuando hay una realidad presente?
Hay una realidad presente y un motor de desarrollo que hacia el futuro, si sigue igual, va a ser un desastre. Ya no podemos echar el tiempo hacia atrás, pero tampoco todo está perdido. ¿Cuál es el impacto ecosistémico hoy? De 500.000 hectáreas que tiene la Sabana, 433.000 tienen una integridad ecológica baja o muy baja. O sea que nuestra capacidad de regulación ecológica es muy baja y los efectos del cambio climático ya no son una especulación, sino una realidad. Solo hay que ver por qué llevamos un año de racionamiento de agua.
Lo que busca la resolución es, en lo posible, salvaguardar lo que queda y buscar con lo que hay una revitalización del territorio, pero también, a futuro, poner unos determinantes ambientales que generen unas condiciones sobre la realidad actual del territorio para mayor equilibrio.
Páramos de la región serán protegidos. Foto:CAR
Es un escenario muy catastrófico...
Todavía la Sabana tiene suelos rurales que son de altísima productividad. Todavía hay una población campesina. Uno de los impactos más estratégicos de la resolución es proteger los suelos rurales que quedan. ¿Qué vimos? Los 39 municipios y el Distrito tienen suficiente suelo de expansión urbana y suelo urbanizable dentro de los cascos urbanos, más o menos 50.000 hectáreas que pueden abarcar las necesidades demográficas, de acuerdo con el Dane, hacia el futuro.
¿Se congela el suelo y en adelante no se puede hacer nada?
Hoy estamos en tasa de crecimiento poblacional de 0,1 % en Bogotá y 0,7 % en la Sabana. Y se estima que a partir del 2035 estamos en proceso de reemplazo poblacional. La pirámide demográfica está cambiando sustancialmente y hay 50.000 hectáreas. Lo que dice la resolución es ocupe primero el suelo que ya tiene y empezamos a revitalizar, restaurar, recomponer el suelo rural que queda.
Luego está la estructura ecológica principal, los ecosistemas clave, donde se hacen lineamientos para que se busque la conectividad ecológica, para recuperar funciones ecológicas, especialmente sobre el agua.
La Sabana tiene nueve cuencas hidrográficas, ocho están en riesgo de vulnerabilidad hídrica alta y se le ordena a la CAR hacer un análisis integral y definir si estamos en desabastecimiento y, sobre eso, tomar medidas tanto en oferta como en demanda, en términos de concesiones. Es empezar a manejar los límites del agua, pero también en términos de restauración ecológica para volver a sembrar capacidad de producción de agua. Se ordena también hacer un análisis integral de cuánto podríamos ahorrar en demanda si implementáramos reúso de agua y uso de aguas lluvias. Y le pone condiciones a la CAR para aprobar un trasvase de cuenca adicional.
¿Qué va a pasar con los proyectos estratégicos de Bogotá, como la vía Suba-Cota, la línea 2 y los patio talleres del metro y que están esperando aval?
Los lineamientos dan orientaciones, reglas de juego, para respetar ecosistemas y el agua sobre proyectos de infraestructura. Si están con licencias o en construcción, no van a tener ningún efecto. La resolución respeta las orientaciones de los POT que hay. El patio taller del metro en el valle aluvial del río Bogotá lo aprobaron en el POT del 2021 y ahí va a ir el patio taller. Tampoco hay impacto en 138 barrios que están en la ronda del río Bogotá. Eso ya lo identifican el POT y la resolución.
Pero la ampliación de la autopista Norte...
La ampliación depende de la Anla, de la licencia ambiental que está en este momento en trámite.
¿La resolución afecta la extensión de la avenida Boyacá?
No, en este momento ya está avanzando.
¿La autopista Norte, la 63 y la Suba-Cota también quedan supeditadas por los lineamientos?
Depende el estado de avance de los proyectos. Por ejemplo, la autopista ya está en licenciamiento y no creo que vaya a tener un impacto, pero la licencia ambiental sí va a mirar.
¿Por qué no se convocó a los municipios?, ¿qué pasa con la autonomía, con la región metropolitana, con los mandamientos del Acuerdo de Escazú?
Un tema es cómo fue el proceso de construcción de la norma y la competencia y la autonomía. El proceso de construcción de la norma tuvo tres fases. La primera fue el diagnóstico. Iniciamos en el 2023. Se hicieron alrededor de 20 reuniones técnicas con alcaldes, el gobernador, las autoridades ambientales, veedurías ambientales, para recoger los insumos técnicos del diagnóstico.
En el 24 se hizo otra serie de reuniones con actores para la formulación. Fueron en total 33 espacios de participación. La tercera fue el acto istrativo. Estamos en esa tercera fase, que es la publicación para comentarios.
Siempre decimos 15 días, pero no quiere decir que no se puedan seguir haciendo mesas, pero ya sobre la propuesta estructurada, concreta, técnica, jurídica, con artículos que le dicen a usted como actor social, económico, territorial, estas son las implicaciones.
¿Las autoridades regionales y locales piden más tiempo?
Ya le toca a la nueva ministra. Aquí no estamos en una lógica de imponer una norma. Hace un año en Jericó, Antioquia, la reacción fue muy negativa. Hicimos una asamblea grande y recibimos la retroalimentación. Tomamos las recomendaciones de todos los actores y ya la acabamos de volver a publicar, un año después, y ahora sí va a estar en las últimas fases. Santurbán, sacamos la declaratoria, decía 15 días y fueron 4 meses más, porque hicimos mesas técnicas en territorio, esa también va a salir.
Hoy hay un acto istrativo concreto sobre el que se puede trabajar. La disposición del Ministerio no es, en una cosa de tan alto calado, sacar eso así. Pero sobre ese acto istrativo, que ya está en blanco y negro, ya no es una presentación en powerpoint, nos podemos sentar a trabajar. Yo creo que el Ministerio tiene toda la disposición.
¿Ya que se sentó con el gobernador, por qué no se sienta con el alcalde?
El gobernador fue (el jueves) al Ministerio a radicar una solicitud. Yo fui (ese día) a despedirme, pero fue una cosa informal. Él plantea sus preocupaciones y propone un mecanismo de trabajo para avanzar.
¿Qué va a pasar cuando no haya espacio para construir vivienda?, ¿qué va a pasar con Bogotá que está bloqueada?, ¿qué va a pasar con las líneas del metro, los Regiotram y demás? ¿Nos obliga a replantearnos el desarrollo de la Sabana?
Va a ser un desarrollo más equilibrado. ¿Qué generaría? Si la norma se cumpliera, generaría que se priorice la ocupación del suelo sobre el suelo habilitado actualmente y no que se expanda más allá de lo habilitado. Casi que el debate de si necesitamos más espacio llegaría porque ya se han agotado 50.000 hectáreas de suelo. Y hay que decir, del 2000 al 2018 se utilizaron 18.000 hectáreas en la Sabana.
¿En 2050 tendríamos que volver a revisar el tema?
Hay que ver la dinámica demográfica. Estamos teniendo en Bogotá 2,2 personas por vivienda. Y la tendencia demográfica, a menos que pase algo extraordinario, una masiva migración, es a disminuir población, no aumentar población, y la Sabana también.
¿No ve riesgo de expulsión de gente para otras regiones?
No. No en la en la próxima década y media.
¿Por qué sus críticas al alcalde han estado enfocadas en el tema del agua? ¿No se reconoce que ha tratado de salvaguardar las consecuencias de esta sequía, y sabiendo el racionamiento no es culpa del alcalde?
El Distrito tiene el acuerdo de emergencia climática de Bogotá, que desde el 2020, cuando se aprobó, en el capítulo de agua, claramente dice que era hora de empezar a trabajar el entendimiento del acuífero de la Sabana como fuente de emergencia. Define que el agua no está garantizada en la Sabana. Toda la discusión de la Mepot era una discusión de ordenamiento territorial alrededor del agua, en donde una parte, que fue la que bloqueó la Mepot, decía que Bogotá tenía agua suficiente. El Distrito, en ese momento liderado por el alcalde Petro y el secretario Planeación Gerardo Ardila, decían Bogotá vive en una ficción del agua, Bogotá no tiene agua y vamos a tener crisis de agua. Y eso pasó 10 años después, que es en este momento.
La solución que se está planteando es Chingaza 2. Y Chingaza 2 no tiene sentido climático, es en la misma región del oriente, que ya ha demostrado en los últimos tres años que hay una sistemática reducción de la capacidad de producción hídrica y, además, que inunda el valle de los Frailejones, o sea, le quita capacidad de producción de agua al mismo Parque Nacional Chingaza.
¿Qué papel debe jugar la región metropolitana de cara a esta resolución?
Los lineamientos son determinantes ambientales de superior jerarquía y aplican a todo plan de ordenamiento territorial, incluido el de la región metropolitana.
¿Le preocupa la demanda que anunció el alcalde Galán?
No sé qué va a demandar porque no es un acto istrativo, es un borrador y no tiene vida jurídica. Eso me pareció muy agresivo. El alcalde presumió la mala fe, cuando no hay tal. Prefiero mil veces la actitud del gobernador que, inclusive, está ayudando a liderar a los alcaldes para ampliar los plazos y avanzar en un diálogo intersectorial.
Sus críticos dicen que es el arranque de su campaña a la alcaldía...
Esto es un mandato del plan de desarrollo, no es una cosa improvisada y no es que como voy a salir del cargo, saco una norma para lanzar mi campaña. Estamos a más de dos años de unas elecciones a la alcaldía. Es un argumento de ataque personal y político.
ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor General
EL TIEMPO
@ernestocortes28
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Editor de Bogotá
En X: @guirei24
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