El empleo debe ser la prioridad

El jueves pasado, el presidente de la República, Gustavo Petro, presentó ante el Congreso el proyecto de reforma laboral, que constituye la segunda de las iniciativas de su agenda de ‘cambio’, después de la de la salud. En palabras suyas, el texto “presenta un capítulo mundial para Colombia de dignificación del trabajo”. “La centralidad de la reforma es la estabilidad laboral”, manifestó Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo.

Que el mercado laboral en Colombia no funciona correctamente es un consenso para tirios y troyanos. Con una tasa de desempleo que registró en enero pasado un 13,7 por ciento y con un nivel de informalidad laboral del 58 por ciento, según cifras del Dane, la normativa actual no ha sido lo suficientemente efectiva para generar puestos de trabajo suficientes y formales para los colombianos. Estas restricciones estructurales para crear empleo no son pocas: altos costos para contratar, inflexibilidad en cotizaciones de seguridad social y trabajo por horas, desajuste entre la formación y las necesidades del sector productivo, entre otras.

La cuestión, entonces, no es si la normativa necesita adoptar cambios, sino en qué aspectos del mercado laboral se enfocan esas transformaciones. El proyecto presentado por el Gobierno busca una mejora sustancial de las condiciones de quienes ya cuentan con un trabajo formal. Por ejemplo, de aprobarse el texto presentado, la jornada nocturna comenzaría a partir de las seis de la tarde y no de las nueve de la noche, y se aumentaría el pago de los recargos por dominicales y festivos.

Asimismo, la semana de trabajo disminuirá de las 48 horas actuales a 42, regresa la jornada de la familia y la licencia de paternidad subirá a 12 meses de hoy hasta el 2025. También se reforzará la estabilidad laboral de quienes hoy son trabajadores, se limitará la tercerización, los contratos a término indefinido serían la regla general y los de término fijo solo podrían durar hasta dos años. En resumen, una serie de medidas que benefician a la minoría que tiene la fortuna de disfrutar de un empleo formal.

Este énfasis del proyecto de reforma despierta dudas sobre la dirección que tomarían estos cambios. La primera de ellas tiene que ver con un indeseable aumento de los costos para los empleadores, en especial para aquellos sectores impactados por las horas extras y los recargos, como el comercio, los restaurantes, el transporte y el entretenimiento. Fenalco ha estimado esa subida de un 30 por ciento y ha alertado sobre su preocupante efecto negativo en la creación de nuevos puestos de trabajo.

En el entorno actual de desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, de alta inflación y de fuertes restricciones para la formalidad, es imperioso ponderar el peso que recaerá en los empleadores, en especial sobre las pequeñas y microempresas que contratan un gran número de colombianos. Una sobrecarga en estos hombros –ya debilitados por el freno económico y los impuestos– podría desembocar no solo en menos vacantes, sino también en mayor nivel de informalidad.

En el corazón de este debate está el lugar que deben ocupar el mercado laboral y sus derechos y deberes dentro de una ruta de transformaciones positivas para Colombia. Crear empleo no es una tarea única y exclusiva de los empresarios, sino una responsabilidad de todos los actores de la sociedad. Esa prioridad requiere no solo medidas del Gobierno Nacional que estimulen estas dinámicas, sino un debate técnico y cuidadoso de los congresistas.

Cualquier reforma laboral para el país tiene la obligación ética de incorporar esfuerzos tanto para combatir las tasas de desempleo de dos dígitos como para reducir la proporción de trabajadores informales que hoy integran la economía nacional. En otras palabras, los desempleados y los informales también merecen protagonizar la discusión sobre la futura normativa laboral.

De hecho, la iniciativa del gobierno Petro se preocupa acertadamente por la inclusión laboral de los migrantes, deportistas y otras poblaciones, así como por el balance de género entre hombres y mujeres en la licencia por maternidad. Caso aparte son las definiciones del texto con respecto a los trabajadores de las plataformas digitales de reparto y entrega. Es clave encontrar un punto medio que mejore las condiciones de estos domiciliarios y, al mismo tiempo, reconozca la naturaleza colaborativa de estas tecnologías. De lo contrario se abriría un boquete a la posibilidad de dar opciones de ingreso a miles de personas que dependen de esa actividad.

El debate apenas comienza. El Congreso no debe asumirlo con afanes ni urgencias. Está en juego el riesgo de lesionar gravemente las condiciones para generar empleo y lo que eso implica en contra del objetivo común de combatir la pobreza y reducir los índices de desigualdad. Los partidos que con una alta dosis de sensatez ya han logrado que se modifiquen otras propuestas del Gobierno vuelven a tener la palabra. El Legislativo es el escenario institucional para moderar y rectificar el camino de esta reforma.

EDITORIAL