La cuota inicial

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, anunció ayer que el Gobierno Nacional pagará en el transcurso de esta semana alrededor de 2,5 billones de pesos que adeuda por concepto de subsidios de energía eléctrica y gas natural a unos 40 millones de personas de los estratos uno, dos y tres. La istración Petro girará 1,93 billones de pesos a 87 empresas eléctricas y unos 564.000 millones de pesos a 76 compañías de gas natural, montos que cubren los saldos correspondientes a la vigencia del año pasado.

Estos bienvenidos recursos –que la Casa de Nariño había prometido cancelar– constituyen una buena noticia para el sector energético, agobiado por una crisis financiera profunda. En varias ocasiones, los gremios de la energía y el gas han alertado al Ejecutivo sobre los graves riesgos para la sostenibilidad de estos servicios públicos fundamentales que implican las deudas del Gobierno Nacional con las empresas prestadoras.

Este llamado ‘apagón financiero’ cobija un ‘hueco’ en las finanzas sectoriales de alrededor de 7,6 billones de pesos: 3,1 billones por subsidios, 3 billones por saldos de la opción tarifaria durante la pandemia, 1,2 billones adeudados por impagos de las entidades públicas y unos 300.000 millones por saldos dejados de cobrar por el alto precio de la bolsa. En otras palabras, el desembolso del Gobierno Nacional es un paso fundamental en la dirección correcta de estabilizar y dar un valioso aire financiero a estas decenas de empresas energéticas.

La decisión, asimismo, refleja los resultados positivos que derivan del trabajo conjunto entre las autoridades nacionales del sector energético, los gremios y entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría para identificar esas situaciones críticas y encontrar salidas para abordarlas o, en este caso particular, brindarles un alivio temporal. Es también una muestra de que otras aristas de esta crisis sectorial podrían ser enfrentadas de la misma manera, por vía del diálogo público-privado y la búsqueda de consensos.

Dicho lo anterior, es conveniente dimensionar la magnitud de la deuda y entender que los riesgos continúan. A diferencia de lo expresado por el ministro Palma sobre el entierro “de una vez por todas de las amenazas de un apagón financiero”, los retos económicos persisten ante los saldos billonarios que restan. De hecho, cada mes, solo el rubro de los subsidios de energía y gas aumenta unos 300.000 millones de pesos, mientras que la opción tarifaria y los impagos de las entidades públicas siguen sin recursos para asumirse.

Este pago parcial mitigará la fuerte presión a la liquidez de muchas empresas eléctricas y gas, en especial en la costa Caribe. No obstante, se requieren unas salidas más estructurales que apuntalen la sostenibilidad financiera del sector energético. Para lograrlo es crucial que el Gobierno Nacional asegure otros desembolsos similares en el transcurso de la vigencia de 2025 que eviten que la deuda, por este lado, regrese a esos altísimos niveles. Por otro lado, desafíos como las señales regulatorias adecuadas, los mensajes positivos a los inversionistas y la superación de las trabas para la puesta en operación de nuevos proyectos también necesitan atención del Gobierno.