Espacios para la minería

En estos momentos se está llevando a cabo en Cartagena de Indias una nueva edición del Congreso Nacional de Minería. En este año el encuentro del gremio extractivo tiene lugar en una complicada coyuntura para uno de los principales sectores económicos del país. En medio de un debate nacional sobre la ruta de la transición energética, que reconoce las potencialidades para los minerales colombianos, las perspectivas de esta actividad productiva reflejan paradójicamente nubarrones en el horizonte de corto y mediano plazo.

Una de esas amenazas proviene de dos medidas tomadas en la más reciente reforma tributaria. Tanto la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta como la sobretasa al carbón en momentos de altos precios internacionales está aumentando la carga tributaria que soportan las empresas mineras, ya de por sí de las más elevadas dentro de la economía. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha enviado advertencias, ya que esta nueva realidad en materia de tributos tendría el indeseable efecto en el sector de irlo “marchitando” en el tiempo, con efectos negativos en las arcas públicas.

Por otro lado, la propuesta de decreto del Ministerio de Ambiente sobre la delimitación de “áreas de reserva natural temporal” ha disparado, asimismo, las alertas a las compañías mineras, ya que envía mensajes de inseguridad jurídica, así como de restricción de trámites y actividades. Sumadas estas decisiones gubernamentales, junto a otras sectoriales y ambientales y algunos decretos de emergencia en La Guajira, las señales que Colombia está enviando para la atracción de inversiones al sector minero son equívocas.

Precisamente ayer, en la instalación del evento, el jefe de la cartera minera, Andrés Camacho, afirmó que el Gobierno Nacional no quiere ni busca una “política prohibicionista” sino “construir en conjunto una minería equilibrada, justa y para la vida”. Por su parte, el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, respondió en concordancia que el sector minero “está dispuesto a construir en conjunto la política minera del futuro”. El ministro Camacho invitó a “encontrar las claves de un acuerdo sobre lo fundamental para la minería del país”.

Esta apertura al diálogo debe ser aprovechada tanto por el Gobierno Nacional y las autoridades regulatorias y ambientales como por las empresas mineras grandes, medianas y pequeñas, así como las comunidades y regiones productoras. Ese “acuerdo nacional” debe incorporar prioritariamente la discusión sobre ese marco fiscal y tributario actual que impacta negativamente al sector y le hace perder competitividad regional. Además, cobra sentido incluir el llamado del gremio minero a una política coherente dentro de las distintas entidades del Gobierno en sintonía con la promoción de la actividad, y no su eventual marchitamiento.

Otro aspecto que deberá formar parte de esa búsqueda de consensos es el anuncio sobre la presentación del proyecto de ley de creación de la Empresa Pública de Minerales, Ecominerales. La definición de nuevos roles del Estado en la actividad minera amerita una discusión pública democrática y transparente con todos los actores del sector.

EDITORIAL