La avenida Boyacá

Como ocurre en todo el planeta, Bogotá enfrenta hoy el enorme reto de armonizar desarrollo urbano y provisión de bienes y servicios para la gente con la urgente necesidad de proteger ecosistemas vitales para la vida.

Este es el contexto de la tensión que en las últimas tres décadas ha vivido la ciudad con respecto a su borde norte, donde se ubica la reserva Thomas van der Hammen, corredor estratégico que conecta los cerros orientales con el río Bogotá. De un lado está la presión que el desarrollo urbano ejerce sobre estos terrenos; del otro, la necesidad de preservarla.

El capítulo más reciente de esta historia vino a raíz de la decisión del Consejo de Estado de itir una demanda del Ministerio de Ambiente contra la Corporación Autónoma Regional (CAR) por el proyecto que busca extender la avenida Boyacá de la calle 170 a la 183. El mismo tribunal negó la medida cautelar de urgencia: no se suspenden los trabajos. La obra está en una fase avanzada, y su entrega se tiene prevista para finales de este año. Se trata de un corredor clave para la movilidad del noroccidente de la ciudad y, hacia el futuro, es fundamental para el proyecto Lagos de Torca.

Hay que buscar la senda del medio. Posturas extremas e intransigentes hacia el lado de las causas ambientales solo favorecen el desarrollo urbano informal. En el mismo orden de ideas, hay consenso suficiente, sintiendo como estamos sintiendo ya los efectos de la crisis climática, que estos proyectos deben cumplir los más altos estándares ambientales. Este es el caso, a juzgar por el proceso previo que le dio la licencia ambiental, de esta obra. A cargo estuvo la autoridad ambiental, la CAR. Se supone que en este asunto, el tamiz de esta entidad es el último que el proceso debe pasar.

Frente a la decisión del tribunal quedan temas por resolver. Refiriéndose al asunto, el Ministerio del Ambiente ha dicho que se procedió en este sentido al no sentir que la CAR haya resuelto varias dudas que le formuló con respecto a la aprobación de la licencia ambiental de la obra. Lo que en adelante responda la CAR hará parte esencial de los argumentos que evaluará la justicia.

Así mismo, es difícil desligar lo ocurrido de un ambiente político que últimamente, para desgracia de la ciudad, ha estado marcado por encontronazos entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. Es inevitable recordar los desafortunados intentos del Gobierno Nacional por tratar de interferir en el trazado elevado de la primera línea del metro. En esta ocasión, el mandatario local habla de una nueva intromisión y ha pedido que la discusión se centre en los argumentos técnicos sobre las compensaciones ambientales previstas en la obra y no en la liviandad de los trinos que no le permiten a la opinión pública una comprensión desapasionada.

Aquí debe primar el rigor sobre cualquier otro cálculo. Lo que está en juego para la ciudad no puede dejar espacio a que los bogotanos sientan que detrás de esta situación hay injerencias con motivaciones políticas. El debate debe ser pedagógico, transparente y con sustento técnico, en función de hallar el necesario balance entre desarrollo y cuidado ambiental. Esos criterios son los que hay que dejar ahora en manos de la justicia.

EDITORIAL