La infancia, en la mira

El dato es estremecedor. Cada 48 horas un niño es reclutado en Colombia por un grupo armado ilegal. La cifra, divulgada esta semana por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), da cuenta de al menos 1.494 menores víctimas de reclutamiento forzado desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Pero, más allá del número, lo que verdaderamente sacude es el hecho de que, casi una década después de una de las promesas más esperanzadoras de nuestra historia reciente, el país esté regresando a tragedias que creíamos superadas.

El reclutamiento de niños es una de las expresiones más crueles del conflicto armado. Les arrebata no solo su infancia, sino también su futuro, su entorno afectivo y su derecho elemental a crecer en paz. Que este crimen persista es un atropello de los grupos armados, pero es reflejo de una falla grave del Estado, no solo en materia de prevención, sino también de presencia efectiva en los territorios más golpeados por la violencia.

Y las regiones donde estos reclutamientos se están produciendo son, casi sin excepción, aquellas donde las estructuras ilegales ejercen control social, económico y militar. Esto en buena medida porque el Estado, ya sea por omisión o como resultado de tumbos en la política de seguridad, ha cedido el terreno. Una de las más funestas consecuencias de permitir tácitamente ese dominio –como ha sucedido bajo el manto de la llamada ‘paz total’– es que se crean las condiciones ideales para que florezcan flagelos como reclutamiento, extorsión, desplazamientos, narcotráfico y violencia sexual, entre otros.

La paz no puede construirse al precio de abandonar a los más vulnerables. Por eso es indispensable que el gobierno del presidente Gustavo Petro actúe con decisión. Se requieren políticas públicas claras, específicas y sostenidas para proteger a los niños y las niñas que viven en zonas de peligro para ellos, empezando por las más afectadas por la presencia de actores armados. Esto supone mayores recursos y mejores herramientas para la detección temprana de riesgos y rutas eficaces de atención.

Es imperativo, además, que este tema esté en el centro de cualquier proceso de negociación en el marco de la ‘paz total’. No puede haber diálogo creíble con grupos armados si no existe un compromiso real, verificable y prioritario con el cese inmediato del reclutamiento forzado de menores, que bien podría calificarse también como esclavitud de niños y rapto. Ninguna conversación puede avanzar mientras los niños sigan siendo utilizados como instrumento de guerra.

Pero, más allá de las mesas de negociación, el único antídoto realmente eficaz contra el reclutamiento forzado es, insistimos, la presencia integral del Estado. Presencia que no se limite a la Fuerza Pública, sino que incluya educación, salud, oportunidades económicas y espacios seguros para la infancia. Donde hay una comunidad empoderada, una sociedad civil robusta, hay menos margen para que prospere el crimen.

Revisar lo que está ocurriendo con los niños y las niñas de Colombia no ite más demoras. Se necesitan acción, presencia y voluntad política. La infancia no puede seguir pagando con un sufrimiento inenarrable tanta inacción. Cuando se permite que los ilegales roben el presente de un niño, se termina hipotecando el futuro de toda una sociedad.