Otra vez la deforestación

El gravísimo problema de la deforestación no se limita a la pérdida de bosque.

Hay que ver sus causas: ausencia estatal, presencia de economías ilícitas de grupos armados que ejercen control social y territorial y de opacos capitales que financian una maquinaria muy bien aceitada, tremendamente eficiente, de devastación de la naturaleza para acaparar tierras y desarrollar en ellas proyectos de ganadería intensiva, para nada sostenible. Se trata de todo un aparato paraestatal que coordina una colonización perversa que arrasa con lo que encuentra.

Y no sobra recordar su s consecuencias: alteración de los ciclos de lluvias en el resto del país, generando fenómenos extremos como el que hoy vive la región Andina, principalmente, y que ha obligado a un racionamiento de agua en Bogotá. Esto por no mencionar la pérdida de biodiversidad, irreparable, y lo que significa para todo el planeta que se pierda selva amazónica. Como es bien sabido, es real e inminente el riesgo de que este inmenso bosque tropical entre en un proceso irreversible de degradación hasta convertirse en sabana, de no mediar acciones urgentes que frenen su destrucción, lo que aceleraría a niveles catastróficos el calentamiento del planeta.

Todo esto para reforzar el llamado que desde distintos frentes se ha hecho para actuar frente al repunte de la tala en el último semestre del año pasado y en lo que va del actual. Esto es muy preocupante, sobre todo porque veníamos de una importante disminución, entre 2022 y 2023, de 29,1 por ciento y había cálculos muy alentadores que daban cuenta de una disminución para el siguiente período que podría llegar incluso al 49 por ciento. Lastimosamente, se espera que ahora este número se ubique entre el 25 y el 30 por ciento.

Como lo expresó esta semana la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, detrás del repunte están los grupos armados. El Emc en particular ha optado por usar la naturaleza como carta en la mesa de negociación. Así, una vez fue estratégico para ellos, en función de lo que ocurre en la mesa, levantar la prohibición de talar, según reportes de las zonas bajo su control, en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, volvieron las quemas y los ecocidios. Para este macabro fin ayudó el fenómeno de El Niño: en condiciones de sequía es mucho más fácil incendiar la selva para después dedicar los predios al pastoreo de ganado.

El Gobierno ha optado por ensayar un nuevo enfoque, dejando atrás el capítulo de la estrategia Artemisa, pero ha sido difícil su implementación porque en los territorios mandan los grupos armados. Tanto que en las últimas semanas han asesinado a dos líderes ambientales y han obligado a un resguardo indígena, Yaguará II, a desplazarse.

Lo anterior supone que el Gobierno debe tener en cuenta esta realidad a la hora de diseñar sus políticas: es necesario que haya control estatal de las zonas y este fin no puede estar supeditado ni a los avances en la mesa de negociación ni, mucho menos, a la buena voluntad de los grupos armados. Si se quiere avanzar en un propósito que es vital para el país y para la humanidad entera, el verdadero y gran aporte que Colombia puede hacer de cara a la crisis climática, se tiene que tener esto muy claro.