Un fallo concluyente

El debate público, el voz a voz, el malestar, inclusive, de muchos colombianos sobre la transmisión de los largos consejos de ministros en horario triple A por los canales privados de televisión ha quedado zanjado, cuando la Sección Tercera del Consejo de Estado falló una tutela y le dio la razón a una ciudadana “por la presunta vulneración de su derecho a la información”.

El Gobierno siente que es una censura y piensa que esos debates son de interés público y ha manifestado que impugnará la decisión. Mal camino. El fallo no es un capricho, lo sabe el mandatario. Hay antecedentes constitucionales –Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional– sobre las restricciones del Presidente para dirigirse a la ciudadanía por los canales de televisión, como lo cita la tutelante.

Y hay razones fundamentales. Desde luego, el sagrado derecho a la pluralidad informativa. Es decir, a conocer las diversas versiones. Y el libre albedrío, en este caso, ver lo que se desee. “Suprime la pluralidad informativa porque fuerza a los televidentes a informarse de única fuente, con una sola versión de los hechos, lo que resulta agravado porque dicha fuente es oficial y dispone de la legitimidad y suposición de veracidad propia de quien ejerce la mayor autoridad en el Estado colombiano”, dice el Consejo de Estado. Y lo dice todo. Por si algo faltare, en un año electoral, puede constituir gran desbalance para los candidatos de oposición. Sin olvidar la afectación económica a los privados.

Esos espacios, además, hacen equilibrio entre alocuciones presidenciales y consejos, con pullas y no poco contendido político. Y cuando la polarización está a flor de piel, no le queda bien al Ejecutivo empecinarse y desconocer el fallo, más cuando cuenta con los canales de TV institucionales para transmitir los consejos. Este punto evidencia por qué hablar de un supuesto veto no es correcto en tanto el Gobierno no ha perdido la facultad de hacer esas emisiones a través de los canales públicos. En conclusión: dura lex, sed lex. Y es para todos. Más aún, para quienes ostentan los poderes y deben enviar mensajes de acatamiento y respeto por la institucionalidad.