Borrador de resolución crea nueva tensión sobre financiación en el sistema de salud

En los últimos días, el Ministerio de Salud publicó un borrador de resolución en el que se definen las condiciones y responsabilidades para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los llamados Equipos Básicos de Salud que serán financiados con un 5 por ciento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, la plata que gira el Estado a las EPS para la atención de cada afiliado.

Se trata de equipos que prestarán servicios de salud de manera extramural y serán capaces de atender a toda la población de un territorio determinado, independientemente del régimen de seguridad social en salud o EPS a la que el individuo se encuentre afiliado.

Por este motivo, una de las primeras preocupaciones de analistas y políticos sobre este proyecto de resolución es que sea un indicio de que el Gobierno quiera aprobar ciertas propuestas de la reforma de la salud vía decreto.

“Preocupa que dadas las dificultades que está teniendo el Gobierno para sacar adelante la reforma de la salud en el Senado, esté pretendiendo sacarla por decreto. En contra de lo que dicen numerosos estudios y a pesar de las críticas sobre el bajo crecimiento de la UPC para 2024, ahora se está orientando de manera obligatoria un porcentaje significativo de ese crecimiento a unos equipos extramurales de resultados inciertos y con un riesgo alto de politización”, manifestó el representante del Centro Democrático, Andrés Forero.

Expertos señalan que el resultado de este accionar dejaría menos recursos para la atención de los pacientes, por lo que se podría agudizar la crisis financiera del sistema. Para el exministro de Salud, Augusto Galán Sarmiento, si se aprueba el borrador de esta resolución, habría una desfinanciación adicional de la UPC, que ya de por sí está bastante desfinanciada.

Cabe recordar que antes de que terminara 2023, el Ministerio de Salud fijó el valor anual del rubro en 1’444.086 pesos, que corresponde a un valor diario de 4.011,35 pesos y un aumento del 12 por ciento, cuando, según expertos, era necesario un incremento del 16 por ciento para sobreponer la situación de crisis.

Con la resolución “se estarían destinando recursos de la UPC a estos equipos en un monto significativo que puede estar en 4,5 billones de pesos (de pronto un poco menos), y ya de por sí la siniestralidad de la UPC prácticamente sobrepasa la misma. Esto genera una tensión adicional en la financiación del sistema de salud”, explicó.

Ahora bien, según Galán Sarmiento, desde el ámbito jurídico se debería analizar si hacer una modificación de esa magnitud a la UPC no requiere de una ley. “Muy posiblemente este sea un tema sujeto a interpretación en este momento”, indicó.

Al respecto, la exconsejera de Estado, María Claudia Rojas, dice que aunque no conoce en profundidad lo que planea el Gobierno, “todo lo que tenga que ver con reformas, de fondo a la salud, tiene que realizarse a través de una ley estatutaria. Esto no se puede dar por decreto ni mucho menos por resolución”. Asimismo, Rojas resalta que esto no tendría ningún piso constitucional.

Por otro lado, el exconsejero de Estado Carlos Alberto Zambrano indicó que en términos genéricos, la reforma de la salud implica modificaciones de tipo legal y es posible que algunas se realicen mediante normas de rango inferior a una ley.

“Esa idea de obligar a las EPS a destinar el 5 por ciento de la UPC a medicina preventiva requeriría de otro tipo de norma y desde ese punto de vista podría resultar cuestionable cualquier decisión que sobre el particular adopte el Gobierno”, señaló el exconsejero, quien indicó que habría que esperar a ver de qué manera esto se lleva a cabo, cuál es el contenido de la norma y cuál es su alcance, para entrar a analizar el tema desde lo jurídico.

Lo cierto es que desde que se conoció el nuevo valor de la UPC el año pasado, las EPS han dicho en varias ocasiones que continúa siendo un valor insuficiente y dicen que no existe un aumento real del rubro. Afirman que, por el contrario, sí es posible observar un decrecimiento de la prima frente al plan de beneficios en salud que debe cubrir.

“Hacemos un llamado al Gobierno para hacer una revisión sobre el aumento que se ha aprobado. Con este recurso previsto para este año no solamente no logramos corregir las fallas estructurales de financiamiento que trae el sistema, sino que las profundizamos con un enorme riesgo de sostenibilidad y de viabilidad”, aseguró en aquella ocasión Ana María Vesga, directora de Acemi (gremio que agrupa a las EPS del contributivo), quien mantiene la misma posición.

En este mismo sentido, Gestarsalud (gremio que agrupa a las EPS del régimen subsidiado) aseguró que el problema está en los recursos disponibles. “Los equipos básicos están ya contemplados en la normatividad vigente, el problema es que no existen recursos adicionales para financiar esa inversión. Ahí es donde hay que mirar cómo se ajusta la UPC porque no veo otra alternativa”, dijo Carmen Eugenia Davila, directora de Gestarsalud.

Por su parte, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa por lo menos 195 organizaciones de s, dijo: “Con 3.956 pesos al día, el sistema de salud (EPS e IPS) debe atender a los colombianos. Es ridículo este valor. Y fuera de eso, se exige que el 5 por ciento de la UPC se traslade a financiar equipos de salud territoriales. Se están capitalizando para las elecciones del 2026”.

Sobre este tema, Galán Sarmiento advierte que existe un antecedente del proyecto de resolución en la Ley 715 de 2001, en el artículo referido a competencias en salud pública. En este punto se planteó que distritos y municipios asumirían las acciones de promoción y prevención que hacen parte del plano obligatorio de salud del régimen subsidiado. Y para tal fin, los recursos que se destinarían a estas acciones se descontarían o se descontaron de la UPC del subsidiado.

“Eso fue un artículo que se aprobó en esa ley a instancias del entonces parlamentario Gustavo Petro. Entonces, esto ya tiene un antecedente, y ese antecedente no fue bueno. Esos recursos no se destinaron para labores de prevención y promoción de los municipios y de los distritos de la manera como se esperaba. Y hubo necesidad de recoger posteriormente esos recursos a la UPC y tramitarlos conforme estaban definidos antes del artículo 46 de la 715”, explicó Galán.