Esta es la historia de ‘uno de los peores negocios de la ETB’ en Bogotá y que dejó millonarias pérdidas

La idea del gran centro de datos surgió ante la limitación en la capacidad de los data center de la empresa de telecomunicaciones y las dificultades que tenía para atender la demanda comercial del mercado. Esto, según la argumentación, generaba altos costos de operación.

Pero pocos meses después de iniciado, empezaron los problemas para la obra y esta quedó inconclusa y así continúa casi 11 años después. De hecho, el Data Center Alma, como fue llamado, hoy no existe y no funciona.

Hoy, del famoso centro de almacenamiento de datos, que, se proyectaba, iba a prestar servicios a clientes corporativos, hay una construcción en obra gris y equipos abandonados en un terreno de 6.870 m2 en la zona industrial de la localidad de Puente Aranda.

Por eso, el contralor distrital, Julián Ruiz, lo consideró “uno de los peores negocios que ha hecho la ETB en su historia”, al anunciar este miércoles el fallo de responsabilidad fiscal contra cuatro exdirectivos de la empresa distrital, contratistas e interventores que participaron en el proyecto.

Según el organismo de control, en el frustrado Data Center se perdieron 23.787 millones de pesos. En este caso, la aseguradora La Previsora S.A. recientemente le giró a la ciudad 8.000 millones, tras hacerse efectiva la póliza de responsabilidad civil de servidores que amparaba el proyecto.

Si bien el costo del proyecto superaba los 30.847 millones de pesos, lo que finalmente le giró la ETB a los contratistas fueron 14.745 millones, que con indexación asciende a 23.787 millones.

Este valor es lo que, según la Contraloría, fue el daño al patrimonio de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

Y si bien desde 2016 la Contraloría Distrital evidenciaba problemas en el proyecto, un informe de auditoría del mismo organismo en 2017 identificó 39 hallazgos, entre istrativos, disciplinarios, penales y fiscales en la ejecución del proyecto.

En este participaron cuatro firmas para realizar las actividades de diseño e interventoría; obra civil, suministro de bienes y puesta en funcionamiento; adquisición de una solución TI -que incluía suministro de bienes y licenciamiento y la implementación de un modelo operativo-, y consultoría para el diseño, implementación y aseguramiento de la calidad del modelo de operación comercial.

La obra física del Data Center Alma fue contratada el 28 mayo de 2015, durante la istración del entonces alcalde Gustavo Petro, con la empresa brasilera Aceco TI S.A. El valor proyectado fue por un total de 30.847’358.078 pesos.

En esa época el presidente de la ETB era Saúl Kattan, quien, no obstante, no firmó los contratos.

El plazo pactado era 33 meses, con entregas por etapas. La primera era de seis meses para entregar la obra civil, el suministro de equipos, la instalación y puesta en marcha del centro.

Dicho contrato comenzó a ejecutarse el 11 de junio del 2015, aunque la ETB no tenía licencia de construcción. Solo hasta el 10 de febrero de 2016 la obtuvo. Por eso, desde abril del 2016 se paralizó la obra. Y se alcanzaron a pagar 5.787 millones de pesos.

Pero el 2 de septiembre del 2015, tres meses antes de vencer el primer plazo para que Aceco entregara la primera fase de la obra, la ETB firmó un segundo contrato con la empresa colombiana Compufácil, por alrededor de 27.000 millones de pesos.

La firma nacional debía entregar en funcionamiento y estabilizado el moderno centro de datos. No obstante, dependía de que la empresa brasilera cumpliera.

El 7 de diciembre del mismo año, el contrato tuvo una modificó y se acordó dejar los equipos en bodega. Después de este cambio, el contratista recibió pagos por cerca de 8.290 millones de pesos, según la Contraloría.

Las alarmas sobre este contrato se activaron en abril de 2016, cuando la interventoría advirtió que en los últimos cuatro días no había maquinaria ni hombres en la obra del Data Center Alma en Puente Aranda.

Por los frustrados contratos, en 2017, luego de la denuncia de la istración del alcalde Enrique Peñalosa sobre el elefante blanco de la ETB, la Fiscalía Seccional Bogotá abrió una investigación penal.
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Sobre el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría Distrital, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
​Editor de Bogotá
​En X: @guirei24