La demanda de empresa vinculada a familia de Alfonso 'el Turco' Hilsaca para quedarse con concesión minera en Atlántico

Alfonso 'el Turco' Hilsaca, el polémico empresario de la Costa señalado de supuestos nexos con 'paras' y quien responde en un juicio oral por homicidio, está embarcado en una demanda a través de una firma cercana a él, AGM Desarrollos, que busca quedarse con la explotación de una importante concesión minera en el Atlántico.

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EL TIEMPO conoció que el antecedente más reciente en esta puja por quedarse con la concesión es la insistencia presentada por la compañía AGM el miércoles pasado, a través de su abogada Diana Cardona, en el Tribunal istrativo de Cundinamarca, donde se estudia la demanda que presentaron. 

"Rogamos pueda el despacho pronunciarse como en derecho corresponda, tomando como base el principio de celeridad procesal, garantizando el derecho al debido proceso así como el derecho al a la istración de justicia", dice el oficio firmado por Cardona.

Luego de la publicación en la que se mencionó a Alfonso Hilsaca como dueño de AGM, él se comunicó con este diario para indicar que no es el dueño, que no tiene relación legal con los propietarios ni tampoco tiene que ver con la demanda. Esto fue también relatado por la misma compañía de manera independiente, la cual manifestó que desde 2011 este hombre no hace parte de la junta directiva, pues debido a los problemas jurídicos que enfrentó la empresa quedó en manos de sus hijos, entre ellos Gabriel Hilsaca. Asimismo, Alfonso Hilsaca aclaró que por concierto para delinquir se le precluyó la investigación en contra, decisión ratificada por el Tribunal de Bogotá.

El interés de la empresa ligada a 'el Turco' (cuyo hijo Gabriel está enredado en el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por la entrega de platas supuestamente ilegales) tiene que ver con la exploración y explotación de yacimientos ubicados en Barranquilla, Tubará, Galapa y Puerto Colombia en los que se puede procesar arcilla, arena, roca y piedra caliza, los cuales desde 2019 tienen como interesados en ese negocio a una segunda parte: la compañía Ultracem.

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El caso entre las dos empresas tiene documentos de parte y parte radicados ante la Agencia Nacional de Minería, y en uno elaborado por la demandante se empieza por explicar que Ultracem el 21 de mayo de 2018 presentó una propuesta de contrato de concesión para explotar un yacimiento de 605 hectáreas en Barranquilla y Puerto Colombia, "sobre un área que se encontraba ocupada", particularmente por el título 20311, argumenta AGM.

Al inicio, una de las diferencias que hubo fue qué hacer con esa otra parte del terreno que no había quedado abarcada, sobre la que Ultracem anotó a través de su abogado que procedía el análisis para ser otorgada a ellos. No obstante, para esta empresa la Agencia Nacional de Minería recortó parte de la propuesta que hicieron y terminó otorgando la competencia a la empresa AGM, lo que habría constituido la violación del artículo 16 del Código de Minas.

Por otro lado, el 28 de febrero de 2019 AGM Desarrollos presentó una propuesta similar para ejercer actividades en yacimientos ubicados en varias zonas del Atlántico, pero ante ello el 20 de noviembre de 2019 Ultracem contestó con una oposición istrativa que, según AGM, no les fue notificada y por eso alegan una supuesta violación al debido proceso.

Fuentes de la Agencia Nacional de Minería señalaron que en el caso hubo dos conceptos técnicos que dan sustento a las decisiones y agregaron que hoy, legalmente, la concesión no ha sido entregada a ningún oferente: lo que hay es una 'mera expectativa' que está para decisión y en la que la prioridad hoy la tiene Ultracem. 

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Con varias solicitudes y radicados de lado y lado, el centro de la pelea estuvo en cuál fue la empresa que presentó primero la propuesta para explotar los yacimientos, así como cuál fue la verdadera cantidad de hectáreas asignadas por la Agencia Nacional de Minería, pues Ultracem alega que hubo unos cambios que llevaron a alterarles su idea. 

Según un resumen sustentado en un documento oficial, la situación finalizó con que la Agencia Nacional de Minería sacó la Resolución 1152 del 15 de octubre de 2021, en la que le dio el derecho de preferencia a la propuesta de Ultracem (TEL-14531) para "realizar estudios y trabajos de exploración y explotación de un yacimiento minero". Y a la par, en la Resolución 307 de 2022 la Agencia negó una solicitud de revocatoria por parte de AGM Desarrollos.  

Eso dejó un descontento que llevó a la empresa AGM a radicar una demanda en el Tribunal istrativo de Cundinamarca en la que pide, como medida cautelar, suspender decisiones de la Agencia de Minería como la mencionada Resolución 1152.

El argumento de AGM Desarrollos es que ellos gozaban de una confianza legítima no por haber adquirido derechos, sino por las expectativas que tenían hacia el proyecto de explotación minera. Además, para esta empresa se habría vulnerado el principio de buena fe. "Siendo este, otro principio violado por la Agencia Nacional de Minería con la expedición de la Resolución 001152 del 2021, reafirmada por Resolución 307 del 2022, toda vez que en interpretación caprichosa y arbitraria, modula concepto técnico en razones que ciertamente resultan sospechosas y que además, van en contra de los principios promulgados por la misma autoridad minera y su proyección minera en el país", dice uno de los oficios en poder de este diario.

Ese tipo de peticiones llegaron al despacho del magistrado César Giovanni Chaparro Rincón de la Sección Primera del Tribunal de Cundinamarca, quien en un oficio de febrero de este año le trasladó el caso, por competencia, a la Sección Tercera, pues se trata de asuntos mineros.

"Al considerar que las pretensiones invocadas en la presente demanda y la naturaleza de los actos istrativos acusados versan sobre asuntos mineros, según lo dispuesto en el numeral 2.° de la norma en cita, la competencia en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versan sobre asuntos mineros corresponde a la Sección Tercera", escribió el 25 de enero pasado el magistrado Chaparro junto a sus compañeros de sala.

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En ese orden, el proceso le correspondió al magistrado Fernando Iregui Camelo, de la Tercera. Fue a él a quien la semana pasada llegó el documento en el que la apoderada de la empresa demandante pide acelerar el caso trayendo a flote la Ley 270 de 1996 desde su artículo 4, que habla de celeridad y oralidad.

Esta disputa por conocer cuál de las dos empresas es la merecedora del estudio para obtener la concesión minera también repercutió a nivel penal, pues en la Fiscalía están procesados los entonces directivos de la Agencia Nacional Minera Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Ana María González Borrero, Diana Andrade Velandia y Lucero Castañeda Hernández.

Este proceso lo lleva el ente acusador en Barranquilla, en el despacho de la fiscal 60 delegada ante los jueces del circuito de la ciudad, a cargo de Betzaida Guerra Martínez. La denunciante en este caso es AGM Desarrollos por los delitos de supuesto prevaricato por acción y prevaricato por omisión. 

"En el desarrollo del proceso investigativo se han emitido diferentes órdenes de policía judicial con el fin de obtener elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida ante diferentes entidades, entre estas la obtención de documentos e información en las instalaciones de la Agencia Nacional de Minería", anotó la fiscal el año pasado, cuando anticipó la imputación contra los cuatro procesados.

Los funcionarios tienen en su defensa conceptos técnicos que, aseguran, muestran que sus decisiones fueron tomadas en derecho. Además, ponen en evidencia que en sus mismos despachos se entregaron al menos 7 títulos a AGM aplicando las mismas normas y conceptos técnicos que en el caso del yacimiento en disputa -cuyo título no ha sido además entregado. 

Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]