El capítulo de violencia sexual en el conflicto que incomoda a los exjefes de las Farc y los enfrenta a la JEP

En el trasfondo de los ruidos que en los últimos meses han venido creciendo entre los exjefes de la antigua guerrilla de las Farc y la Jurisdicción Especial para la Paz,JEP –al punto de alinearse con la polémica idea del gobierno del presidente Gustavo Petro de crear un supertribunal para todos los actores del conflicto– están los avances de las investigaciones de la Jurisdicción de Paz sobre dos prácticas recurrentes de esa guerrilla que son considerados crímenes de guerra: el reclutamiento de menores y la violencia sexual, especialmente en sus propias filas.

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Lo que aparece en los expedientes, no solo de la JEP, es que a la par del reclutamiento forzado, en las Farc creció un fenómeno de abuso sexual que las supuestas reglas internas nunca lograron contener y que, en no pocas ocasiones, era perpetrado por comandantes, incluso algunos de los considerados ‘históricos’ como alias Raúl Reyes.

Aunque sus estatutos supuestamente castigaban incluso con fusilamiento la violencia sexual, especialmente intrafilas, tanto en los campamentos como en los pueblos, veredas y caseríos donde hacían presencia las Farc hay miles de historias de niñas, niños, mujeres y población LGBTQ+ que fueron víctimas de violaciones y todo tipo de abusos. 

Los ex del secretariado sometidos a la JEP no niegan la ocurrencia de esos hechos, pero aseguran que no fueron sistemáticos ni consentidos por los máximos jefes. Y siguen generándoles ruidos las denuncias con nombre propio realizadas por antiguas combatientes que fueron víctimas de esas prácticas, a veces por años.

El Registro Único de Víctimas (RUV) da cuenta hasta la fecha de 43.168 personas que han denunciado delitos sexuales en el marco del conflicto armado, si bien se da por sentado que el subregistro es enorme. Las mujeres representan el 92  por ciento, y de ellas, el 30,8 por ciento corresponde a niñas y adolescentes. Las Farc aparecen señaladas como perpetradores en el 30,7  por ciento de los casos.

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Aunque la violación es el delito más conocido, según la Comisión de la Verdad, durante la guerra se cometieron al rededor de quince tipos de agresiones de connotación sexual y reproductiva que iban desde el acoso hasta el aborto forzado, la mutilación genital y la esclavitud. 

Fueron conductas repetitivas cometidas tanto por las guerrillas como por los paramilitares y, en muchas oportunidades, por de la Fuerza Pública.

Este capítulo de violencia sexual, por el que miles de víctimas siguen esperando que los máximos responsables les pidan perdón, volvió a moverse hace unos días con los recursos jurídicos presentados por las extintas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz para tratar de evitar acusaciones directas. 

La última imputación cuestionada fue hecha por este tribunal en el macrocaso 02, que aborda la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, donde se determinó que los delitos sexuales cometidos por la guerrilla correspondieron a un patrón sistemático.

Según la defensa de los ex- Farc, que alega vicios de procedimiento, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) de la JEP, que es la encargada de recibir las declaraciones voluntarias de los comparecientes, llegó a esta imputación partiendo de un supuesto sesgo y con manipulación de testimonios. 

Fuentes de las ex-Farc le aseguraron a este diario que su recurso “no niega la ocurrencia de los hechos, sino que denuncia faltas en el procedimiento que afectan los derechos de los comparecientes”.

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Mientras siguen esperando que los antiguos comandantes cumplan el compromiso de verdad plena que hicieron para recibir las penas alternativas, las víctimas siguen contando sus historias.

“Duele ver cómo niegan en nuestra cara todos los daños y secuelas que nosotras seguimos llevando en nuestros cuerpos”, dice Yolanda Perea, directora de la fundación Arrópame. Un guerrillero de las Farc abusó de ella cuando tenía 8 años.

Frente al macrocaso 02, la JEP identificó, entre 1990 y 2016, al menos 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y violencia por prejuicios contra personas con orientaciones sexuales e identidades diversas. 

Por estas pruebas “irrefutables”, la Procuraduría le solicitó a este tribunal rechazar la nulidad parcial solicitada por los ex-Farc y seguir adelante con las imputaciones de responsabilidad.

Perea fue violada en su propia casa, su mamá asesinada por atreverse a denunciar el delito y desplazada forzosamente por la doble tragedia. Más de 10.000 menores de edad (cifras del RUV) que fueron reclutados pasaron por infiernos similares.

Sara Morales, vocera nacional de la organización Rosa Blanca, fue sacada de su casa por un grupo de guerrilleros y obligada a entrar a la organización cuando tenía 11 años. A los 15 días de estar en las filas empezó a sufrir los abusos, que se prolongaron durante las casi dos décadas que estuvo en la guerrilla.

 Sufrió de planificación forzosa, tuvo dos hijos producto de las violaciones y, pese a que se atrevió a denunciar el crimen –que además iba en contra del reglamento–, fue ignorada y ridiculizada.

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“El abuso sexual era considerado una falta grave, pero hasta los comandantes lo hacían. Yo utilicé uno de los mecanismos más importantes que había dentro de las Farc, que era la asamblea general, para denunciar. Pero fui objeto de burla y persecución por parte del comandante que estaba ejerciendo el abuso sexual en mi contra; además, en plena clausura de esa asamblea me hicieron bailar con esa persona. Los altos mandos tienen toda la responsabilidad. Ellos sabían lo que estaba pasando y nunca hicieron nada”, aseguró la mujer.

Según Rosa Blanca, estas historias se repetían en el 80 por ciento de los casos de menores de edad reclutados, niños y niñas, sin distinción. Con el agregado, en el caso de las mujeres, de la violencia reproductiva, obligándolas a planificar y a abortar cuando quedaban en embarazo, estado que era “incompatible con las dinámicas de la guerra”, como lo explica la Comisión de la Verdad.

“El comandante ‘Allende’, jefe de la unidad básica del Bloque del Magdalena Medio, era el encargado de recibir todos los muchachos nuevos, él tenía una condición homosexual y violentó a muchos niños dentro de la organización. A otros les daba prebendas a cambio de favores sexuales”, cuenta Morales.

En los expedientes de la Comisión de la Verdad aparecen graves denuncias contra alias Rodrigo Cadete, uno de los jefes guerrilleros que traicionaron el acuerdo de paz y volvieron a la guerra con ‘Iván Márquez’ y su ‘Segunda Marquetalia’. 

Una excombatiente del Bloque Oriental aseguró que fue violada por ‘Cadete’ (quien murió en una operación militar en 2019) y que nunca le dijo a su compañero por temor a que los dos terminaran muertos. “Como él (su compañero) era tan frentero, va y lo frentea y le dice algo y ‘Cadete’ lo manda a pelear o hasta un consejo de guerra le hace y lo mata. Yo había escuchado que había hecho fusilar a un muchacho por una muchacha, porque le tenía ganas y como que la pelada le dice que no porque tenía su socio y el socio era bravo, ‘Cadete’ le hizo un montaje de deserción y mataron al pelado”.

Otra mujer, reclutada por el frente 28, aseguró a la Comisión que en un periodo de cinco meses fue violada varias veces: “Todas las veces que ellos querían, lo primero era el comandante, de ultimo eran todos (...) ni iba a decir uno que no porque si no le daban la sentencia de muerte”. Otro disidente ya muerto, alias el Paisa, también fue señalado por víctimas de abuso sexual en la temida columna ‘Teófilo Forero’.

En las Farc, como en las Auc, el homosexualismo era castigado, aunque casos como el alias Allende muestran una vez más que las ‘reglas’ no aplicaban para todos. 

Se castigaba con exilio, trabajos forzados y hasta con fusilamiento, si la conducta era recurrente. Se tenía la idea que la homosexualidad debía ser enmendada y los hombres que tenían comportamientos amanerados eran “masculinizados”.

En el caso de Sara Morales, cuando en su campamento corrió el rumor de que le atraían las mujeres, los abusos arreciaron, supuestamente para intentar ‘cambiar’ su condición.

“Dentro del reglamento, en el inciso O de las faltas graves, se estipula la homosexualidad como comportamientos que van en contra las costumbres sanas de la organización. Por ese inciso fusilaron a muchísimas personas. Afortunadamente, en mi caso, corrí con la suerte de que no me fusilaran, pero recibí una sanción disciplinaria muy fuerte. Al final entendí que por esta razón abusaron tantas veces de mí. Violentaron toda mi condición de mujer por el simplemente hecho de tener una orientación sexual diferente”, narra la vocera de Rosa Blanca.

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Esta historia se suma a la de otras 6.844 víctimas acreditadas ante la JEP en el macrocaso 07 que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado, y que también imputó el patrón de violencia sexual. Por estos crímenes, la Jurisdicción llamó a rendir versión voluntaria a Rodrigo Granda, Victoria Sandino, Jairo Reinaldo Cala y otros 73 exintegrantes de las Farc-Ep.

El expediente de la violencia sexual se ha convertido en una piedra en el zapato para las Farc. Es una realidad incómoda de reconocer, porque “involucra unas consideraciones que tienen que ver con la ética, con la moralidad, con el pudor y con la dignidad de las personas”, le dijo a este diario el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal.

“El tema de los abusos sexuales es un señalamiento que rechazan, que combaten desde varios frentes, uno de ellos es el jurídico. Por ejemplo, en el macrocaso 07 han recusado varias veces a la magistrada relatora y han metido presión para que no avance. Ahora están presentando nulidades… Ellos le tienen pavor a aceptarlo”, afirma Adel González Guzmán, representante legal de Rosa Blanca.

Mientras tanto, desde la JEP esperan que puedan encontrar las vías para lograr que los ex-Farc avancen en el cumplimiento de la obligación de entregar verdad y reparación. “Esto reviste complejidad, pero confiamos en que los comparecientes encontrarán las vías de reconocimiento”, indicó el magistrado Vidal. Como en varios otros crímenes del conflicto cometidos por las Farc, miles de víctimas siguen esperando.

Redacción Justicia.

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