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Crisis de la salud: ¿Cómo afectaría a los pacientes un incremento menor al 16 % de UPC en 2025?

La UPC garantiza la prestación de servicios para cada . Desde hace años está desfinanciada.

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Daniela Vanessa Ortiz Álvarez

PERIODISTA DE SALUD23.12.2024 12:09 Actualizado: 30.12.2024 00:00

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En medio de la crisis más profunda que ha tenido el sistema de salud en su historia, académicos, empresarios y pacientes han pedido al Gobierno reajustar el cálculo de la UPC, un rubro que garantiza la prestación oportuna y eficiente de servicios para todos los afiliados. De acuerdo con los cálculos de economistas y centros de pensamiento, su aumento debería ubicarse en el 16,9 % para el año que sigue.

Sin un ajuste pertinente de este concepto, el desfinanciamiento del sector repercutirá, todavía más, en la vida de los pacientes que desde ya denuncian barreras en la atención y perjuicios por el reiterado desabastecimiento de medicamentos.

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Las consecuencias para los pacientes

No obstante, el Gobierno se ha mostrado reacio a este nuevo cálculo al asegurar que el sistema está financiado y que el incremento total presupuestado para este año y el que sigue "es suficiente". Esto crea un mayor estado de crisis en el sector y se agrava por la incertidumbre que genera la propuesta de reforma que volverá a discutirse en Febrero de 2025 en Plenaria de la Cámara.

"No hemos recibido un estudio que justifique este incremento del 16 %. Los análisis realizados por el Ministerio, la Adres y la Superintendencia de Salud, basados en datos concretos, no respaldan esa cifra", dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una entrevista con EL TIEMPO cuando se indagó por el aumento del rubro.

Según Denis Silva, voceros de Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa a más de 198 organizaciones de s, el hecho de que el Gobierno proyecte una asignación significativamente inferior para la UPC tiene graves repercusiones para los pacientes.

"El impacto en pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo sería muy alto. Muchas personas con condiciones complejas, como enfermedades huérfanas o crónicas, enfrentan decisiones imposibles, como elegir entre cubrir sus tratamientos o satisfacer necesidades básicas. En muchos casos, esta falta de a tratamiento podría derivar en la pérdida de vidas", manifestó.

ALERTA COLOMBIA
Si la UPC está por debajo del 16.9% para el 2025, 3 efectos
1) Pacientes arruinados
2) Médicos y equipos de salud sin trabajo
3) Cierre de IPS@Missmelindres @andresvecino @OxlerCeo @Fecoer @mateoamayaq @IglesiasJulio87 @Enrique_GomezM pic.twitter.com/37ObtDacRg
— Pacientes Colombia (@Pacientesco) December 22, 2024

Asimismo, asegura que de seguir así, serán más EPS con indicadores negativos que tendrán que ser intervenidas y posteriormente liquidadas, lo que, en última instancia, perjudica enormemente a los s.

Lo anterior, sin mencionar que, de acuerdo con Silva, los profesionales de la salud, que ya enfrentan retrasos en sus pagos, podrían decidir migrar a otros países en busca de mejores oportunidades y esta fuga de talento dejará aún más desprotegidos a los pacientes en Colombia.

"Es necesario cuestionar si los recursos asignados están siendo utilizados de manera eficiente. Si el presupuesto es realmente suficiente, ¿por qué los indicadores de salud no reflejan mejoras? ¿Están los fondos siendo desviados hacia otros fines? Estas son preguntas que requieren respuestas claras y transparentes por parte del gobierno", señaló.

(También puede leer: Exinterventor de Nueva EPS envió carta a Petro: ‘se inició un camino que aún es viable’)

Para Augusto Galán Sarmiento, exministro de salud y director del Observatorio Así Vamos en Salud, se debe determinar si la UPC ajustada por edad, sexo y zona geográfica, es suficiente o no para balancear la carga de enfermedad. Por lo tanto, es pertinente reevaluar la metodología de cálculo de la UPC; que incorpore ajustadores por condiciones de salud.

Adicional, asegura que es necesario implementar un mecanismo de incentivos al desempeño en la atención de las condiciones en salud para el ajuste de riesgo de la UPC que combine la calidad en la prestación de los servicios y la eficiencia en el uso de recursos.

"Se requiere continuar profundizando la evaluación de tecnologías y la pertinencia de su uso para las decisiones de cobertura. El proceso técnico-científico que lo determine debe ser justo, digno y eficiente, y requiere tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas y la capacidad financiera del Estado, consideramos necesario incrementar el gasto de conformidad al desarrollo del país y a los acuerdos sociales determinados", dijo.

Y agregó que es necesario establecer un Plan de Acción que contenga los objetivos precisos que se quieren alcanzar para el sistema y un Marco de Financiación a corto, mediano y largo plazo para lograrlos.

La decisión de la Corte sobre la UPC

Este fin de semana, la Corte Constitucional rechazó una solicitud que elevó el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Salas Figueroa, en la que pedía anular una medida cautelar que impartió el alto tribunal sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En su decisión ordenó la inaplicación de dos artículos de una resolución que emitió el Ministerio de Salud, en diciembre de 2023, fijando el valor de la UPC para el año 2024 en los regímenes subsidiado y contributivo.

También se rechazaron los numerales en los que se establecía que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) debían destinar un 5 % de la UPC para la operación de los equipos básicos de salud, una figura impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego para atender directamente a las familias en los territorios.

Esto dejaría abierta la posibilidad de que puedan ser transferidos al menos 2,5 billones de pesos para aseguramiento (UPC) de un presupuesto que el Gobierno destinó únicamente al desarrollo de proyectos de la Ley 100, como infraestructura hospitalaria y equipos médicos.

No obstante, la petición ha sido rechazada reiteradamente tanto por el Ministro de Salud, como por el Presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado en múltiples oportunidades que todavía existe dinero de reservas técnicas de las EPS cuyo destino es incierto.

Desde la Andi hemos venido adelantando trabajos para identificar cuáles son las mejores formas para evitar la crisis que se está construyendo en el sector salud por malas decisiones ejecutivas, por corrupción, y por ideología. Uno de esos trabajos es el que indica cuál debería… https://t.co/hdYGOFIIoJ pic.twitter.com/FtafBkqQPv
— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) December 22, 2024

La UPC, una alerta constante en 2024

Lo cierto es que, desde hace más de un año, los gremios de las EPS (como Acemi y Gestarsalud), Asocajas y la Cámara de Aseguramiento de la Andi advertían que, sin un reajuste adecuado en dichos rubros (como la UPC) o un pago oportuno de las deudas por Presupuestos Máximos, la mayoría de las EPS iban a continuar experimentando pérdidas operativas, crecientes deudas con prestadores y proveedores, así como un deterioro en su patrimonio y reservas técnicas.

Como los números no mienten, tan solo unos meses de que iniciara la discusión en el Congreso para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025, Acemi ya estimaba un faltante de 5,9 billones de pesos para la vigencia 2024, por concepto de Unidad de Pago por Capitación (2,2 billones), Presupuestos Máximos (2,7 billones) y siniestros asociados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (850.000 millones).

Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico del gremio, aseguró ante varios medios de comunicación, que la situación a mediano plazo es insostenible. Las cifras muestran que, con corte a marzo de 2024, la siniestralidad promedio de las EPS es de 111,5%. Es decir que por cada 100 pesos que reciben estas entidades, gastan $111,5 pesos en costos de salud. Si a este desfase se agregan los gastos istrativos que son cercanos al 4,5% de los ingresos, la siniestralidad combinada estaría cerca de 116%.

“La falta de recursos tiene diversos impactos negativos. Esto provoca pérdidas operativas, una disminución en el valor de los activos de las EPS, inversión inadecuada y escasa de las reservas técnicas, y un aumento en las deudas, tanto las reconocidas como las posibles, con prestadores y proveedores”, indicó Cruz.

Para Denis Silva, la salud es un derecho fundamental, no un favory como señala una reflexión popular: “La salud no lo es todo, pero sin salud, todo es nada”.

"Es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para garantizar este derecho y priorice las necesidades de los ciudadanos en la gestión de los recursos del sector salud", indicó.

DANIELA ORTIZ ÁLVAREZ

SALUD

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