Salud: Alertan de un déficit de $ 2,8 billones, necesarios para asegurar la atención de los pacientes en Colombia

La crisis financiera del sector salud es cada día más honda y se agrava con la apuesta del gobierno por querer reformar el sistema. Distintos actores habían alertado con anterioridad sobre un marcado déficit en el dinero destinado a aseguramiento que rondaría los 2,5 billones de pesos. Esto afecta los servicios de atención para pacientes de tercer y cuarto nivel (como cirugías complejas, terapias avanzadas y tratamientos de enfermedades crónicas y huérfanas).

En consecuencia, durante un debate de control político hecho por la Senadora Norma Hurtado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reveló que para 2024 existe todavía un faltante de 2,8 billones de pesos para aliviar el flujo financiero del sistema que afecta a todos los actores del sistema por su integración vertical. 

Es más, El TIEMPO conoció en exclusiva los documentos que demuestran que el Ministerio de Salud utiliza recursos que faltan en aseguramiento para el apoyo a programas de la Ley 100 como el fortalecimiento del nivel primario de las Empresas Sociales del Estado (es decir de los hospitales públicos) y la operación de Equipos Básicos de Salud. Es decir, los programas de atención extramural que desde su llegada al Gobierno ha prometido el presidente Gustavo Petro. 

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No obstante, aun cuando se podría llegar a pensar que invertir en infraestructura hospitalaria es fundamental, una reciente investigación de la periodista Paula Bolívar en la W reveló que el Gobierno ha invertido $1 billón de pesos para construir 44 hospitales, cuya ejecución hasta ahora -y en la mayoría de los casos- es del 0 %. 

De acuerdo con los documentos obtenidos del Minsalud, de los 44 hospitales, solo 5 tienen una ejecución del 99 %, es decir van por buen camino. Sin embargo, el resto de infraestructura a lo largo del país está en una ejecución del 12 o 0 %. Lo anterior, a pesar de que los actos istrativos se realizaron hace 1 o 2 años, muchos de ellos el 28 de diciembre de 2023 o el 19 de diciembre de 2022.

Distintas figuras del sector se preguntan entonces en qué se invierte el dinero destinado a restaurar y dotar los hospitales. Sin tener una respuesta clara, solicitan que se transfieran los recursos para sostener el aseguramiento que, en este punto, está completamente desfinanciado y repercute en la atención de los s. 

Al respecto, la senadora Norma Hurtado manifestó que en Congreso aprobaron 36 billones de pesos para el aseguramiento en salud de 2024, bajo la premisa de que esos recursos se destinarían exclusivamente a este fin. Sin embargo, el ministerio, amparado en su autonomía istrativa y financiera, presentó una propuesta escrita en la que trasladarían 5 billones de pesos del aseguramiento hacia programas de apoyo a la salud. 

"Ministro, quiero decirle que estoy de acuerdo con esos programas, porque comprendemos que somos un país desigual y que la “Colombia profunda” necesita el apoyo y la generosidad del Estado. No obstante, se siente la falta de esos recursos, que son considerables. Además, en la respuesta del ministerio a 30 de septiembre, se menciona que se devolverán esos 5 billones al aseguramiento antes del 31 de diciembre. Sin embargo, según nuestras investigaciones, hasta la fecha solo se han restituido 900.000 millones, faltando aún 4.1 billones. Por eso, le hago este llamado, señor ministro", dijo Hurtado. 

Y es que, son muchos quienes comparten la posición de la senadora, sobre si realmente es preferible usar los recursos para infraestructura, es decir, la construcción de hospitales cuya ejecución todavía no se ha visto porque carecen de estudios y diseños, o en la atención de los pacientes de tercer y cuarto nivel, así como de enfermedades huérfanas cuyas vidas están en riesgo desde hace más de un año. 

"Ministro, ¿no habría sido más importante que, en el Consejo de Ministros, se solicitaran recursos de inversión y se sustentara ante el señor presidente de la República que lo que él desea y que es su bandera—esa protección y necesidad de cumplir con el programa de gobierno—para que se lograra mediante nuevas fuentes de financiación y no a costa de los recursos de la UPC?", cuestionó Hurtado. 

La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es uno de los rubros (junto con las deudas por Presupuestos Máximos) cuya desfinanciación impacta de forma crítica a todo el sistema. 

Analistas explican que el hueco financiero responde a errores en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el incremento desmesurado en la demanda de servicios por parte de los ciudadanos, la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y las deudas atrasadas del Estado con el sistema de salud, entre otros. Estos factores han desbordado el modelo actual,que se ha exacerbado por el impacto de la pandemia, los cambios demográficos y el aumento de enfermedades crónicas.

A lo anterior habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación y la volatilidad de la tasa de cambio. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.

Lo cierto es que, desde hace más de un año, los gremios de las EPS (como Acemi y Gestarsalud), Asocajas y la Cámara de Aseguramiento de la Andi advertían que, sin un reajuste adecuado en dichos rubros (como la UPC) o un pago oportuno de las deudas por Presupuestos Máximos, la mayoría de las EPS iban a continuar experimentando pérdidas operativas, crecientes deudas con prestadores y proveedores, así como un deterioro en su patrimonio y reservas técnicas.

Como los números no mienten, a tan solo unos meses de la discusión en el Congreso para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025, Acemi ya estimaba el faltante antes mencionado de 5,9 billones de pesos para la vigencia 2024, desagregado así: por concepto de Unidad de Pago por Capitación (2,2 billones), Presupuestos Máximos (2,7 billones) y siniestros asociados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (850.000 millones).

Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico del gremio, dijo hace meses, ante varios medios de comunicación, que la situación a mediano plazo es insostenible. Las cifras muestran que, con corte a marzo de 2024, la siniestralidad promedio de las EPS es de 111,5%. Es decir que por cada 100 pesos que reciben estas entidades, gastan $111,5 pesos en costos de salud. Si a este desfase se agregan los gastos istrativos que son cercanos al 4,5% de los ingresos, la siniestralidad combinada estaría cerca de 116%.

“La falta de recursos tiene diversos impactos negativos. Esto provoca pérdidas operativas, una disminución en el valor de los activos de las EPS, inversión inadecuada y escasa de las reservas técnicas, y un aumento en las deudas, tanto las reconocidas como las posibles, con prestadores y proveedores”, indicó Cruz.

Ante este panorama, a través de una extensa carta de casi cinco páginas, un grupo de exfuncionarios y expertos en salud solicitó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la transferencia urgente de 2,5 billones de pesos del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Salud hacia el sistema de aseguramiento, en un intento casi desesperado de que el sistema cierre con algo de presupuesto este año.

No obstante, la petición fue rechazada informalmente por el Presidente, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter), en donde expresó que no habrá dicho traslado de recursos al considerar que para este año el valor de la UPC habría sido mucho más elevado que lo establecido por la ley. Y si bien es cierto que el rubro creció un 12%, expertos del sector sostuvieron desde el inicio que para solventar el déficit era necesario que se incrementara mínimo en un 16 %.

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, respondió a través de la misma red social, manifestando que los 2,5 billones solicitados eran inicialmente para el aseguramiento en salud (pago de UPC).

“Así fue aprobado por el Congreso de la República en el Presupuesto General de la Nación para 2024. El Minsalud decidió asignar 5,0 billones para otros usos. Así quedó consignado en las actas de la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas. El Ministerio de Hacienda y el saliente director del Departamento Nacional de Planeación advirtieron sobre la desfinanciación que suponía esta decisión”, trinó.

Pero, lejos de ser escuchada, el mandatario sostuvo su postura. Argumentó también que negaba la petición debido a que existían “decenas de billones de pesos de reservas técnicas extraviadas” de las EPS. Esto, refiriéndose a un reciente informe que publicó la Contraloría General de la Nación, denunciando que existía un “presunto manejo irregular del dinero” de la UPC por parte de las EPS que habrían usado estos dineros para pagar deudas con proveedores anteriores a 2020.