Entre los años 2017 y 2020 se deforestaron 68.481 hectáreas de bosque en el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN). El 75 por ciento de esa degradación se dio en cinco Parques Nacionales Naturales (PNN), considerados los más vulnerables actualmente ante esta problemática: Tinigua, Sierra de la Macarena, Chiribiquete, Paramillo y La Paya.
Así lo evidencia el último informe de la iniciativa de la sociedad civil Parques Nacionales Cómo Vamos (una alianza de varias organizaciones como la Fundación Santo Domingo, la Fundación Corona, la Fundación Natura, Alisos, WWF Colombia, WCS Colombia, Dejusticia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes), en el cual se presentó un balance del estado de los parques colombianos y recomendaciones para mejorar su gestión. Lo anterior, a la vez que enfatizó en que los parques representan un baluarte de la riqueza natural de Colombia.
No es para menos. El sistema reúne casi 23 millones de hectáreas, alberga el 17 por ciento del área de coberturas naturales terrestres del país, 21 por ciento de los bosques de Colombia, y cerca del 30 por ciento de la biodiversidad conocida, que incluye 1.606 especies endémicas y el 38 por ciento de las especies con algún grado de amenaza.
De esta forma, el informe presenta un completo análisis de 29 indicadores de los procesos biofísicos, sociales, productivos e institucionales de 59 de los 60 PNN colombianos y de los municipios donde se ubican, bajo una visión conjunta del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) con la finalidad de identificar qué tanto aportan a las dinámicas territoriales y cómo estas pueden afectar sus procesos.
Así las cosas, en lo que respecta a las cifras de deforestación de estas áreas protegidas, llama la atención el caso del parque Tinigua, donde se triplicaron entre 2021 y 2022 los puntos de concentración de deforestación, la mayor parte de estos casos en eventos ligados al acaparamiento de tierras. De igual forma, en todo el sistema de parques aumentaron en un 21 por ciento las hectáreas con cultivos de coca para su uso ilegal, actividad estrechamente relacionada con la deforestación.
De esta manera, los autores del informe sostienen que “el SPNN no logra contener la pérdida de bosques, aunque hay evidencia que ayuda a reducirla relativamente”.
Pero la deforestación no es la única complicación que se evidencia en los PNN. De hecho, se encontró que la mayor parte de ellos no cuenta con suficiente información sobre su diversidad. Tres concentran la mayor cantidad de registros (Chiribiquete, Sierra Nevada de Santa Marta y Farallones), indicando que todos los parques requieren con prioridad gestionar mayor conocimiento de sus recursos naturales para su adecuado manejo. Lo mismo sucede con su información cultural y económica.
En cuanto a lo que se hace para proteger estos ecosistemas, el 78 por ciento del recurso humano de la entidad son contratistas, por lo que los investigadores consideran que se requiere aumentar el presupuesto de la entidad para contar con más funcionarios, permitiendo mayor estabilidad y continuidad a los procesos de conservación y manejo.
Y es que el personal encargado de cuidar estos espacios es poco. En 2021 el número de funcionarios que operaban directamente en los PNN disminuyó en un 16 por ciento comparado con los datos de los últimos cuatro años, lo que indica que prácticamente había un funcionario para manejar 55.000 hectáreas.
Pese a ello, el documento identifica puntos positivos. Por ejemplo, Parques Nacionales ha establecido acuerdos de conservación con 2.383 familias, en 35 de las 60 áreas. Sin embargo, por el lado punitivo los avances no son los mejores. El proceso de determinación de responsabilidad solo ha sido determinado en un solo caso de los 435 procesos sancionatorios existentes entre 2018 y 2021. Otros 36 procesos fueron archivados, siete se encuentran en periodo probatorio, 39 en formulación de cargos, siete en traslado de alegatos, 76 con medidas preventivas y cuatro tuvieron cesación de procedimiento, lo que mostraría que existe un importante retraso en estos temas, lo cual no ha permitido que los responsables de las afectaciones y degradación de los parques no sean sancionados.
Así mismo, aunque entre el 2020 y 2021 el presupuesto asignado para los PNN se incrementó en cerca de 6.000 millones de pesos, la entidad “está lejos de invertir los recursos financieros adecuados para suplir las necesidades del sistema”, afirma el informe.
¿Qué sigue?
Una vez se conocen estos resultados, el paso siguiente es hacer que los tomadores de decisiones tomen conciencia de los mismos. Así lo cree Manuel Rodríguez Becerra, profesor emérito de la Universidad de los Andes y primer ministro de Ambiente en Colombia: “Ahora viene una fase importante, una serie de debates y foros sobre el documento, con lo que podremos llamar la atención al Gobierno de la urgencia de garantizar la protección de estos ecosistemas y tomar acciones asertivas”.
Por su parte, la viceministra de Ambiente, Sandra Vilardy, señaló: “Esta iniciativa es inédita en el planeta. No hay un país que tenga una capacidad de alianza de actores tan influyentes para poder generar información de manera mucho más cercana para la gente”.
MATEO CHACÓN
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